La tempestad que viene de Washington

Aunque la tormenta del “abismo fiscal” americano parece pasada, con alto coste para el prestigio del presidente Obama -en víspera de su toma de posesión- y también para el Partido Republicano, y las Bolsas europeas -la de Madrid incluida- hayan festejado el acuerdo, con taponazos de champagne y desmayos de la “prima de riesgo”, convendría saber que la tempestad financiera y presupuestaria americana sigue planeando sobre el cielo gris de Washington y está a la espera de un segundo asalto, para el mes de marzo, cuando USA rompa su techo presupuestario y se vea obligada a recortar gastos y subir más impuestos, lo que abrirá de nuevo la caja de los truenos, entre la Casa Blanca y el Congreso, ofreciendo otro espectáculo sin par de la democracia americana, adornado por el alto riesgo de una nueva crisis financiera internacional.

La lucha de poderes americana entre el Legislativo y el Ejecutivo, haciendo honor a los valores de la separación de los poderes del Estado que propone Montesquieu, como la garantía de los controles democráticos y la defensa de los derechos de las minorías, ha sido en este caso todo un espectáculo, de pactos a cara de perro, intrigas y batallas entre dirigentes políticos, partidos y senadores y representantes, desarrollado al amanecer del día de fin de año -que pareció el del fin del mundo anunciado por los Mayas- pero, sobre todo y a fin de cuentas, un ejemplo democrático para todo el mundo. Y ello por más que, en semejantes, circunstancias hayan surgido voces y opiniones críticas con el sistema americano, por el riesgo de bloqueo y de ingobernabilidad que conlleva cuando el poder Ejecutivo está en manos de un partido, el Partido Demócrata en el caso de Barack Obama, y el Legislativo, el Congreso, o una de sus Cámaras, bajo el control del otro gran partido, como ahora es el caso en favor del Partido Republicano, en la Cámara de Representantes y el Senado con mayoría parcial de bloqueo. Un Riesgo que provoca la responsabilidad y la audacia de los gobernantes y de los legisladores para pactar.

Algo que en España miramos con asombro, como niños con las narices pegadas al escaparate de una juguetería en estas fiestas de Navidad, camino de Reyes Magos, porque en nuestro país el Parlamento no existe como tal. Sino que suele ser un mero apéndice del poder Ejecutivo y los diputados del Congreso -el Senado carece de poder legislativo por lo que su nulidad es absoluta- están a las ordenes ciegas de sus jefes de partido, lo que de haber ocurrido en Washington habría provocado el caos mundial de la economía días atrás.

En España el sistema electoral de listas cerradas y redactadas por los jefes de los partidos y el nada democrático reglamento del Congreso de los Diputados, hace que la vida parlamentaria sea un simple trámite. Máxime cuando el gobierno disfruta de una mayoría absoluta como la actual del PP, gobierna por decreto y se niega a cualquier pacto, ni siquiera para defender la unidad nacional, por ejemplo frente a los desafíos independentistas de Cataluña y País Vasco. Cuestión que, para colmo, está excluida de los debates parlamentarios, como la corrupción, el crimen de Estado, o el golpe de Estado del 23-F, o los problemas de la familia real, etcétera, algo o todo ello impensable de que pueda ocurrir en una democracia occidental.

En España no hay separación de poderes, sino de funciones, ni hay Parlamento sino más bien un trámite legislativo y una Cámara con escaso eco de resonancia nacional ante la opinión pública porque el Gobierno (a veces con la ayuda de la oposición) bloquea los debates más importantes, o simplemente no se celebran en el momento crucial en el que ocurren los acontecimientos. En suma el Parlamento español no existe como tal, sino que es otra cosa no identificada en el modelo democrático tradicional.

Por ejemplo, le hemos escuchado a Alberto Ruiz Gallardón -a quien todo el mundo creía más preparado para gobernar de lo que ahora parece- decir en fechas no muy lejanas dos  auténticos disparates sobre el llamado poder legislativo español. Dijo Gallardón, cuando intentaba inútilmente salvar al expresidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, de sus líos de los gastos superfluos, que el Parlamento no podía llamar a declarar al presidente del poder judicial porque ello suponía la intromisión de un poder en otro, olvidando nuestro ministro de Justicia que el Parlamento representa la soberanía popular y que no tiene límite frente a los otros dos poderes. Más recientemente y como si los españoles fueran idiotas habló el ministro de la reforma del Consejo General del Poder Judicial con la ligereza que le caracteriza para explicar el número de los consejeros que según él deben elegir el Congreso, el Senado o las asociaciones de jueces y los propios jueces. Pero lo cierto es que cuando Gallardón se refiere al Congreso y al Senado sólo está pensando en Rajoy y Rubalcaba que son los que verdaderamente eligen a los consejeros del poder judicial, como todo el mundo sabe.

Entonces ¿de qué democracia estamos hablando? Una vez más miramos con envidia y admiración a la Constitución y a la Democracia americana (y no hablemos de los medios de comunicación de allí y de aquí) y volvemos a insistir en la necesidad de una reforma a fondo y democrática de nuestra Constitución, que es la lección que en estos días nos ha llegado de Washington. Y lo que no quieren los actuales políticos españoles, convertidos en empleados y profesionales del poder, porque temen, y con razón, que tras la reforma muchos de ellos no podrían continuar en el escenario político español.