Privatizar la gestión sanitaria

Todo lo público es privatizable, hasta el Gobierno de la nación. Ahí está el caso de Mario Monti en Italia, un eurócrata que llegó a presidente del gobierno italiano como por arte de magia y que se quiere eternizar en el cargo, ya veremos si pasando o no por las urnas. Por el mismo camino se podría contratar un presidente para el Gobierno de España, o para el liderazgo de la oposición, una vez que nuestra clase política no goza de aprecio ciudadano. Sin embargo el debate caliente está ahora en la privatización de la gestión de la Sanidad en Madrid, siguiendo modelos que ya están en servicio en España, pero rompiendo un molde importante que partiendo de Madrid va a ser seguido en otras latitudes españolas.

Máxime en estos tiempos de recortes de gasto público porque el argumento máximo de estas medidas reside en que las empresas particulares y especializadas gestionan mejor y más barato la Sanidad frente a las pesadas maquinarias administrativas de la Sanidad Pública. Argumento importante que nadie ha demostrado en los debates de Madrid.

Y algo que parece razonable en tiempos de ajustes pero que en el caso madrileño ha merecido no solo la contestación de todos los funcionarios de la gestión sanitaria sino también de los primeros profesionales de la medicina, entre los que se encuentran algunos de los más notorios de España. Lo que quiere decir que algo no se ha hecho bien y ese algo parece ser la “manu militari” utilizada por el gobierno madrileño del sospechoso Ignacio González quien no ha dado información, cifras y argumentos que justifiquen dicha reforma y que tiene al conjunto de la Sanidad madrileña en pie de guerra y sumida en un caos del que el gobierno madrileño tiene una alta responsabilidad como sus modales e incapacidad política.

Una situación de la que el tal González acusa a los sindicatos, sin tener en cuenta que destacados profesionales de la medicina están al frente de la revuelta que ya veremos como acaba, y si acaba. Al tiempo que el presidente madrileño pretende, para evitar huelgas y los efectos de su incompetencia, una regulación o recorte de los derechos constitucionales de huelga, mientras desde posiciones políticas de la izquierda se acusa al Gobierno del PP de utilizar Madrid como campo de batalla y ensayo para toda España y como una concesión a los negocios privados de la Sanidad.

Algo parecido está pasando con el PP en la Educación, a favor de los colegios concertados y religiosos, o incluso en la Justicia a favor de Registradores y Notarios, ante el empeño obsesivo del gobierno de Rajoy de adelgazar la nómina pública en casi todo y de aprovechar las reformas de la crisis para introducir cambio de corte ideológico para pasar de lo público a lo privado. Menos en la política que permanece intocable en todo este proceso, como se ve en televisiones autonómicas, asesores, empresas públicas, las diputaciones, ayuntamientos, Comunidades Autónomas, etcétera.

Es verdad que la Sanidad sigue siendo gratuita y pública por más que sus gestores puedan ser privados, como ya ocurre en muchos lugares de España. Pero nadie, a nivel nacional ni madrileño se ha molestado en explicar las ventajas de este cambio ni de evaluar el nivel del ahorro que ello va a suponer para las arcas públicas. Más bien al contrario se han dado cifras ridículas y no se presentaron los argumentos a favor de dicha reforma, que cuenta eso sí con la mayoría absoluta habitual del PP y la ausencia de pacto político o consenso, como viene siendo habitual. Mientras la oposición, con un PSOE hecho unos zorros a nivel nacional y madrileño, no está en condiciones de presentar alternativas ni de liderar otra opción que la ahora impuesta por la Asamblea de Madrid.