Concluye una intensa semana política con otro incumplimiento del Gobierno de Rajoy que prometió por activa y por pasiva -”si algo no tocaré eso serán las pensiones” dijo el presidente en TVE- que no reduciría las pensiones. Pues  lo ha hecho negándose a pagar la subida añadida del IPC del 1,9 %, con lo que millones de pensionistas españoles verán reducido su poder adquisitivo, ahora que muchos de ellos están soportando con sus pequeños ingresos las cargas añadidas de sus familias en paro, o con deudas como las hipotecas. El argumento del Gobierno es, una vez más, el de siempre: el empeoramiento de la crisis y la necesidad de cumplir los objetivos del déficit publico. Y el atajo para alcanzar dicha meta es el mismo: castigo a las clases medias y los sectores mas desfavorecidos de la sociedad.

El contrapunto a este desastre es la lluvia de millones sobre la banca arruinada (37.000 millones de la UE avalados por el Estado y otros muchos miles del Frob), ayudas al despilfarro autonómico y de la vida política –mientras el gasto político sigue intocable-, y como guinda de este pastel los indultos a torturadores y corruptos, así como una indecente amnistía fiscal, mientras el ministro de Hacienda nos anuncia actuaciones “feroces” contra los morosos de la Hacienda pública y modales impropios de una democracia, de un Estado y unas Administraciones como las españolas que son los primeros morosos de España, o que simplemente no pagan lo que deben y habían contratado. Unos modales nada democráticos, con daños a los Justicia, y donde se incluyen decisiones infames que protegen a los poderosos y los políticos, mientras el ajuste del gasto social no cesa, la recesión crece y los impuestos no paran de subir.

Así el cúmulo de las promesas incumplidas por Rajoy alcanza a lo esencial de su programa electoral: IRPF, IVA, abaratamiento del despido, Educación, Sanidad, amnistía fiscal y las pensiones. Y todo en aras del déficit y con el argumento de las exigencias de la UE, el FMI o la OCDE, como si no hubiera otra alternativa a los duros ajustes.

La situación española no puede ser peor, aunque todo anuncia que en el año 2013 que se acerca la situación puede empeorar porque se alcanzarán los seis millones de parados (camino del 27% del paro), mientras se espera una recesión cercana al 1,6 %, lo que presumiblemente obligará a mayores recortes del gasto y nuevas subidas de impuestos. Desde la OCDE se pide otro ascenso del IVA, que desmiente el Gobierno con la misma credibilidad que en su día desmintió todo lo demás, incluso las intocables pensiones.

Y con la misma desfachatez porque nadie dimite por todo ello, o por incumplir lo prometido, o por haberse equivocado al hacer las previsiones y cálculos que no funcionan, ahora que parece claro que en el Gobierno se ha instalado la convicción de que mentir o incumplir las promesas no incluye riesgo para los gobernantes. Máxime cuando se disfruta de una mayoría absoluta y el primer partido de la oposición atraviesa su peor crisis interna desde el inicio de la transición.

Ojalá que acierte el Gobierno y que le salgan bien las cuentas del déficit, a ver si se abre el cielo, bajan los costes de la deuda y se vislumbra algo de recuperación, porque muy dramático sería que después de tanto sacrificio nos internáramos en un largo túnel de recesión. En todo caso lo que no puede consentirse en semejante situación es la falta de ejemplaridad de los gobernantes y de la clase política que, entre otras cosas, no deja de anunciarnos un día sí y el otro también un nuevo caso de corrupción.