El escándalo de las televisiones autonómicas

Acabamos de ver la aprobación de un ERE de la televisión de Valencia, Canal 9, de 1.200 personas del total de 1.700 que ha acumulado esa compañía ruinosa y escandalosamente puesta al servicio del PP –y de sus gobiernos de Zaplana, Camps y ahora Fabra-, y en la que se han descubierto casos de corrupción –en la trama Gürtel-, amén del natural nepotismo de los colocados del partido, amigos y familiares. Y ello con una deuda acumulada de 1.200 millones de euros, y con una programación escandalosa que para colmo tiene una audiencia ridícula. Y, naturalmente, todos los trabajadores que han perdido su trabajo (con indemnización de 20 días por año) se manifiestan y protestan sin mas razón que la de quejarse porque se les ha cesado a ellos y no a toda plantilla de los 1.700 empleados, que es lo que debería de hacer el gobierno de Fabra, que está en quiebra y pidiendo su rescate particular a las arcas del Estado.

Tiene razón Alemania cuando se niega a que el BCE y la UE le ofrezcan ayuda financiera a países como España que mantienen activo un enorme despilfarro del gasto público, como el que se aprecia en las radios y televisiones autonómicas (y municipales) de toda España, que solo están dedicadas a la propaganda política y al servicio de los partidos que gobiernan en cada Comunidad, y adornadas de un folklorismo indecente como el que se exhibe en Canal Sur de Andalucía (todo son ferias, procesiones, romerías, toros, futbol, copla, bailes, flamenco y niños contando chistes). O de consignas y programas contra España como los que se han visto en Cataluña y el País Vasco. Y todo ello pagado con dinero de todos los españoles, y sin que semejantes empresas dedicadas al despilfarro público, cumplan con unos mínimos porcentajes de programas de formación profesional, enseñanza y cultura de la máxima calidad y de servicios públicos como debería haber sido.

Y quien habla de las televisiones nacionalistas, lo mismo puede decir de otras manejadas por el PSOE y sobre todo por el PP que es el partido que Gobierna en España y que, además del caso de Valencia, mantiene activos monstruos similares en Madrid, La Mancha o Galicia, y debería ser el primer partido en provocar un cierre absoluto y sin contemplaciones, en vez de dilatar los casos y los problemas con la excusa –como Cospedal en La Mancha o Aguirre en Madrid- de que quieren privatizarlas. Y solo faltaría que esa pretendida privatización, que hoy día parece imposible por la ruina del negocio publicitario imperante en España, algunos gobiernos autonómicos la pretendieran hacer dejando dentro del gasto publico las deudas acumuladas y los despidos para luego ofrecer los restos del naufragio, limpios de polvo y deuda, a los nuevos inversores que, por supuesto, serían empresarios afines a los partidos gobernantes.

Una vez mas, volvemos a los relatos del despilfarro puesto al servicio de los partidos y la clase política, sin que nadie haga nada para acabar con estos entes públicos de manipulación y derroche de dinero público. Y denunciamos ante las autoridades de la UE que exijan el fin de estos montajes escandalosos antes de ceder o conceder financiación al Estado español, que al final tendremos que pagar todos los españoles. Como lo denunciamos sobre todo ante el gobierno central de Rajoy que es el que ampara todo ello  -mientras sube impuestos y recorta gasto social- con un silencio atronador.

Y llevamos ya muchos años de crisis económica y duros ajustes de corte social y de subida de impuestos pero los partidos, ni el PSOE, ni el PP, ni los regionalistas de turno se han dignado a dar un paso al frente para solicitar el cierre de semejantes empresas, en su mayoría ruinosas y acumuladoras de gigantescas cifras de deuda, que el Gobierno español querrá endosar a Alemania y a las instituciones de la UE consiguiendo créditos blandos como los que se consiguen con los fondos de rescate y otras ayudas.