Gallardón no “resucitará” a Montesquieu

Ni la Constitución garantiza la separación de los poderes del Estado como ha dicho el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón –solo garantiza la separación de funciones, lo que prueba que Montesquieu nunca participo en la transición ni en la Constitución españolas-, ni “los ciudadanos son los dueños de la Justicia”, como ha declarado el portavoz del PSOE en la comisión de Justicia del Congreso, Julio Villarubia, porque los dueños de la Justicia son, lamentablemente, los aparatos de partidos políticos.

Y si apuramos este vaso tenemos que decir que tampoco acertó el Rey don Juan Carlos I en su mensaje de Navidad cuando declaró que la Justicia es igual para todos, porque no es cierto. El mismo monarca es inviolable y no es responsable como afirma la Carta Magna, los diputados tienen cierta inmunidad, y los poderosos cuentan con medios e influencias que tantas veces los han salvado de la dura ley, cuando han infringido la legalidad. La Justicia, en este país, es además lenta, está mal dotada de medios y personas y en muchos aspectos es ajena a la realidad social y tecnológica que nos invade.

Y dicho esto tenemos que alabar la premura con la que el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha presentado en el Congreso su proyecto de reformas en el ámbito judicial, que en lo esencial se remite a lo ya anunciado en el programa electoral del Partido Popular, en lo que al aborto, delincuencia juvenil, cadena perpetua revisable, entre otras cosas, se refiere. Así como lo del aumento del copago para los recursos de sentencias en segunda instancia. Y, sobre todo, ahí está la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que las asociaciones de magistrados sean las que elijan a 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, rectificando la reforma que hizo Felipe González a favor de los partidos y para volver al modelo del inicio de la transición.

Gallardón dijo amén a estas reformas conservadoras del PP, no aportó nada nuevo de su cosecha particular –quizás el copago en los recursos que ya veremos si no daña a los más desfavorecidos- y puso el acento en su voluntad de pactar con el PSOE todo lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial, un pacto que al día de hoy se presenta imposible de cara a esa reforma. Porque desde el PSOE se considera que este órgano regulador de la judicatura debe de estar sometido, no a los ciudadanos o al Parlamento como dicen sino exclusivamente al aparato de los partidos políticos que es lo que ocurre y niega, sin decir verdad, el diputado Villarubia del PSOE.

Como no acierta o desvaría Gallardón cuando promete eliminar la politización de la Justicia con esta y otras iniciativas para que el resto de miembros del CGPJ, al margen de los 12 mencionados, (los cuatro que elije el Senado y cuatro el Congreso) los acaben seleccionando dichos aparatos de los partidos entre los candidatos de prestigio y más idóneos, lo que está por ver. Igual ocurre con los magistrados del Tribunal Constitucional, donde Gallardón podría dar ejemplo si el Gobierno renuncia a las propuestas que le corresponden en la pendiente renovación de esta Corte que, si hubiera algún día una reforma democrática en condiciones, se debería convertir en una sala especial del Tribunal Supremo.

La Justicia española está en manos de los aparatos del PSOE y del PP (en este caso del Gobierno), y en España no hay separación de poderes del Estado sino de funciones, porque los poderes están en las manos del partido que gana las elecciones, o del ejecutivo que gobierna –en mayoría absoluta, minoría o coalición- y porque el Parlamento se somete al Gobierno y Ejecutivo y legislativo eligen los órganos de gobierno de los jueces y los altos tribunales del Estado. Para colmo la soberanía nacional tampoco la representa el Parlamento sino que está “secuestrada” por los aparatos de los partidos que hacen las listas electorales cerradas e impiden que los ciudadanos voten directamente a gobernantes y representantes.

De manera que el PSOE nunca “mató a Montesquieu”, como lo presumió Alfonso Guerra, ni lo va a resucitar Gallardón. Porque Montesquieu nunca estuvo presente en el ordenamiento jurídico y político español. Por decirlo pronto y bien la democracia española o partitocracia es una hija menor de la Democracia con mayúscula y merecería una reforma en profundidad. Aunque, dicho sea de paso, el regreso a la antigua ley del Poder Judicial es buen paso que conviene y hay que apoyar pero no garantiza ni mucho menos la independencia.  Es decir esta montaña ministerial del ministro Gallardón (quien necesita un asesor constitucional democrático) ha parido un “bonito” ratón.