Urdangarin y Blanco, imputados

Ha costado pero por fin han llegado las imputaciones respectivas del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y del vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Dos decisiones judiciales esperadas a la vista de los indicios y las múltiples informaciones aparecidas sobre ambos casos que fueron dilatadas en el tiempo de manera sorprendente, porque otras personas afectadas en los mismos procesos sí fueron imputadas en su día por lo que ha circulado la sospecha de un trato de favor a ambos personajes públicos, y puede que en algún caso causándose daño irreparable a ciertas actuaciones como pudo ser, en lo que a Urdangarin se refiere, la prescripción de responsabilidades en materia fiscal correspondiente al ejercicio de 2005. En el caso de Blanco una vez más se ha producido una injusta confusión y mezcla de los poderes del Estado, porque las actuaciones del Tribunal Supremo que ahora llegan fueron suspendidas durante la pasada campaña electoral, sin ninguna base legal y como aparente sometimiento de la presunta independencia del poder judicial a los poderes Legislativo y Ejecutivo, dado que Blanco era ministro y diputado en ese tiempo.

Pero ha bastado que se produjera la alternancia política y la llegada del PP al Gobierno de la Nación para que ambos procedimientos recuperaran la “normalidad” y no terminara el año 2011 sin que se produjeran en ambos casos actuaciones judiciales, lo que podría haber tenido consecuencias de índole prescriptiva en uno u otro sumario. Y ello a pesar de la calculada dimisión del fiscal general del Estado, Conde Pumpido, cuya dejadez en los dos procesos es harto sospechosa y posible consecuencias de presiones de índole político.

Sobre el alcance de ambas imputaciones, que no eliminan la presunción de inocencia de las personas imputadas, hay que señalar la gravedad del hecho que afecta a Iñaki Urdangarin, como miembro que es de la Familia Real de España en su condición de esposo de la Infanta doña Cristina, y con ella y sus hijos inmersos en la línea de sucesión al trono. El escándalo ha dañado gravemente la imagen de la monarquía, como reconoció el propio Rey don Juan Carlos en su discurso de Navidad, por cuanto del sumario que ahora se hace público se aprecian actuaciones presuntamente ilegales y en todo caso irregulares y moralmente ilícitas de los negocios y contrataciones del yerno del Rey con administraciones públicas del Estado, donde ha recibido un llamativo trato de favor gracias a su posición institucional. Y todo ello al margen de otros posibles delitos y responsabilidades, como las que podrían derivarse para la Infanta Cristina por su presencia en la sociedades que han mantenido relación con el famoso Instituto Nóos, que se decía sin “objeto de lucro”, aunque parece claro que la Infanta no ha participado en gestiones ni en la administración de dichas sociedades.

El caso Urdangarin, lamentable, debió haber sido corregido en el año 2006 cuando se detectó, al menos en su parte económica, pero no se hizo y ahora está pendiente de la oportuna decisión judicial, sin menoscabo de que dicha imputación pueda producir la salida de Urdangarin –hasta ahora apartado de los actos oficiales- del entorno de la Familia Real.

Como de la vicesecretaría general del PSOE debería salir inmediatamente José Blanco por su imputación en el Tribunal Supremo, donde existen unos indicios flagrantes de delito, al menos de tráfico de influencias a la vista de las conversaciones grabadas por orden judicial y de las declaraciones de los ya imputados en el caso.

Ambos asuntos, como el que tiene al ex vicepresidente valenciano Camps sentado en el banquillo por  los trajes de Gürtel y presuntos cohechos, o los de otros dirigentes valencianos y de otras regiones de España, así como los repugnantes “Eres” falsos de la Junta de Andalucía (hasta unos 700 casos de corrupción investiga la fiscalía anti corrupción en nuestro país), prueban que en España la corrupción política es un problema importante y está en el origen del desapego de una mayoría de ciudadanos de la clase política y de las instituciones, como lo subrayó el Rey en Navidad. De igual manera que tiene razón el Rey al subrayar que el problema es amplio y que no solo se reduce, ni lo ha reducido él en su discurso, al proceso del Duque de Palma. Por todo ello cabe esperar que el nuevo Gobierno y el Parlamento han de ser vigilantes ante este tipo de actuaciones y los partidos políticos no han de ser complacientes –como ocurre con Camps y Blanco, por ejemplo- con las personas implicadas o imputadas en procesos de corrupción. Como los que ahora nos ocupan y que en 2012 tendrán un protagonismo relumbrón.