Indecente indulto de Zapatero a Sáenz

El indulto concedido por el presidente Zapatero y su Gobierno (socialista) al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, que había sido condenado por el Tribunal Supremo por el delito de “denuncia falsa” es una decisión políticamente indecente y jurídica y moralmente inaceptable de todo punto por cuanto el Tribunal Supremo se ha opuesto a semejante indulto (lo que lo convierte en algo excepcional porque en casos similares siempre se ha negado a los condenados españoles), y porque, en el grave momento político, social y económico de España, la decisión de Zapatero se ha transformado en escándalo mayúsculo (denunciado por las asociaciones de jueces) y en un insulto a la ciudadanía. Con el agravante de venir del presidente de un gobierno socialista que sólo está “¡en funciones!” y preside el secretario general de un partido, el PSOE, que se dice de izquierdas y acaba de fracasar de manera estrepitosa en una campaña electoral donde su candidato, Rubalcaba, culpaba a la banca y “los ricos” de la ruina de España.

Por si algo le faltaba, el Comité Federal del PSOE que hoy abre su debate sobre el fracaso electoral tiene en esta decisión de su líder y secretario general Zapatero motivos más que suficientes para exigirle su dimisión –la que debió de haber presentado en la noche electoral del 20-N- de manera irrevocable para facilitar la constitución de una comisión gestora que convoque el congreso del Partido Socialista. Porque ayer, la noticia del indulto -que le fue ocultada al PP de Rajoy- circuló en el PSOE como un reguero de pólvora encendida, y no digamos entre militantes y votantes (las “redes sociales” estaban “encendidas” de indignación).

En cuanto a Alfredo Sáenz tenemos que decir que el Consejero Delegado del Banco Santander está en su derecho de solicitar el indulto y de recibirlo, como cualquier otro ciudadano. Pero ha de saber que ha recibido un trato de favor y que esa noticia muchos españoles la han valorado como un escándalo y una injusticia y por lo tanto Saénz debería de actuar en consecuencia y dimitiendo, una vez indultado. Tanto por su bien, como por bien de la entidad financiera que regenta en la que ha desempeñado un papel crucial. Porque nadie pone en duda su capacidad y excelente gestión en la cúpula del Banco Santander, ni mucho menos la buena marcha y la solvencia de la entidad. Pero el ejemplo y las normas del “buen gobierno” de estas entidades, tan sensibles a cualquier hecho de relevancia social sobre su actividad y primeros gestores se debe de tomar muy en cuenta. Incluso por sentido de la responsabilidad ante la “alarma social” que despierta la noticia del indulto.

Además Sáenz –y el equipo jurídico del Banco Santander- saben que el indulto no elimina la condena y que al margen de su efecto penal aún está en vigor la “sanción disciplinaria” relativa a los altos cargos de la Banca, que debería ser aplicada por el Banco de España al caso de Sáenz en el Santander solicitando de inmediato el cese del Consejero Delegado, porque el indulto del Gobierno de Zapatero no elimina los “antecedentes penales” que siguen en vigor. En el Real Decreto 1.245/1.995 del 14 de julio y en su artículo segundo se dice entre otras cosas: “serán requisitos necesarios para ejercer la actividad bancaria ser personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional.” Y se añade: “en todo caso se entenderá que carecen de honorabilidad quienes, en España o en el extranjero, tengan antecedentes penales por delitos dolosos”, como es el caso de Alfredo Sáenz.

Además no consta en los anales de la jurisprudencia y la política que un Gobierno haya concedido un indulto contra el criterio del Tribunal Supremo, lo que agrava la decisión de Zapatero que por añadidura se ha tomado en cuestión de meses –cuando todas las decisiones de indultos tardaron en España un mínimo de entre uno y dos años- y nunca por un gobierno “en funciones” y a punto de dejar el poder tras su flagrante derrota electoral.

El indulto acordado ayer por el Gobierno de Zapatero y en ningún caso explicado ayer por el ministro portavoz del Ejecutivo, José Blanco –quien está bajo investigación del Tribunal Supremo por presunta corrupción y tráfico de influencia- constituye el broche final de la desvergüenza política del todavía presidente Zapatero, que ha arruinado España, dañado la cohesión nacional, inundado  el Gobierno y la administración del Estado de gobernantes sin la menor cualificación, y dañado el espíritu de la transición y de la reconciliación nacional con la reapertura del debate de la Guerra Civil española.

Y si después de este escándalo el PSOE calla sobre este asunto –que se suma a la reforma “exprés” de la Constitución y al trágala del escudo anti misiles de EE.UU.- en su Comité Federal se podrá pensar que el PSOE podría haber recibido favores económicos por el Banco en cuestión, cosa que en España suele ser habitual. Pero aunque alguien pretenda imponer la ley del silencio –vamos a ver lo que dicen los partidos políticos, sindicatos y los grandes medios de comunicación al respecto- la noticia circulará y dejará, en todo caso, un amargo sabor de boca y una sensación de burda injusticia porque en esta España tan enferma estas cosas no se deben ni se pueden soportar.