Crisis de gobierno y ruptura con el PSC

El presidente Zapatero tiene muy difícil eludir la crisis del gobierno para buscar un tiempo nuevo, algo de credibilidad, tranquilizar a sus barones y ofrecer confianza a los mercados internacionales, amén de a la frustrada opinión pública española. Sabido es que el primero que debería dejar el gobierno es el propio Zapatero con motivo de su responsabilidad en todos los males que nos afectan, empezando por el económico y social y siguiendo por los problemas de cohesión nacional que ha traído “su” estatuto catalán. El que, además, está provocando serios problemas en el interior del PSOE por la impresentable rebelión y desafíos constitucionales de José Montilla, líder del PSC y presidente de la Generalitat.

En estas circunstancias no es fácil hacer una crisis del Ejecutivo pero el cambio de gobierno se presenta como algo imprescindible, de manera que si no es inmediata Zapatero podrá completarla en las vacaciones del verano aunque eso ya sería perder mucho tiempo porque lo ideal en este caso es que el nuevo gobierno tome posesión cuando antes y esté listo para hacer frente a los problemas del otoño entrante que son muchos e importantes. Pero lo grave de esta situación radica en que Zapatero debe cambiar, por primera vez, su sistema de cuotas para la crisis de gobierno, olvidándose del sexo y de representaciones regionales para acabar seleccionando un gobierno con capacidad, experiencia y si los ministros además tienen algo de prestigio nacional e internacional, pues mucho mejor.

No obstante, al presidente le queda una cuestión previa por resolver que es su relación y la del PSOE con el PSC que lidera Montilla, quien llegará el miércoles a Madrid con la absurda pretensión de obtener un compromiso para burlar la sentencia del estatuto de Cataluña que acordó el Tribunal Constitucional. Lo más fácil y seguramente mucho más coherente y un respiro histórico para el PSOE sería que Zapatero le dé un ultimátum a Montilla y lo ponga ante el riesgo de la ruptura del PSOE con el PSC, para que el Partido Socialista presente listas propias en las próximas elecciones autonómicas catalanas del otoño entrante.

Esta sería la respuesta más fácil y más lógica a la pretensión de Montilla de reformar la Constitución para salvarle el Estatut. Es más sencilla la ruptura entre el PSOE y el PSC que reformar la Carta Magna.  Entre otras cosas porque la soberanía nacional, la de todo el pueblo español –y no el solo el 35 por 100 del electorado catalán que aprobó el Estatut-, nunca permitirá que la Constitución Española se humille ante la minoría de los independentistas, ni abrir un proceso federal o confederal.

España no tiene un problema, como dicen los nacionalistas catalanes y el PSC. Los que tienen un problema son: en primer lugar Zapatero (de estabilidad parlamentaria y de cara a los  Presupuestos de 2011), y luego los políticos catalanes, y el PSOE con sus socios del PSC. Un problema que Zapatero y Montilla quieren trasladar al ámbito nacional español y que han pretendido colar en el estatuto catalán hasta que lo detectó y extirpó el Tribunal Constitucional. De manera que al PSOE (si es que existe como partido político) y a Zapatero, que es quien manda a pesar de su deterioro, les toca abordar en su círculo político interno el problema catalán que es en definitiva el problema del PSOE con el PSC.

La ruptura con el PSC es la asignatura pendiente del PSOE desde el comienzo de la transición. Un problema que ya sufrió Felipe González durante su gobierno y que ahora resulta más evidente por la debilidad de Zapatero, quien debería ser la persona que rompa con el PSOE (aunque sea como penitencia por sus errores) y ponga punto final a la contradicción ideológica, política y territorial en la que vive el PSOE y a las amenzadas permanentes del PSC. A los que dio alas el propio Zapatero de manera irresponsable cuando prometió (en 2003) apoyar en Madrid el estatuto que aprobara el parlamento catalán. Lo que situó a Zapatero y al PSOE en 2005 frente al desafío de Maragall que hubo que rectificar;  y ahora frente al de Montilla que rectificó el Constitucional y que fracasado se declara en contra de la Constitución, de la legalidad, del Tribunal Constitucional y del conjunto de los españoles.

Existe un independentismo creciente en las filas y en la dirección del PSC en carrera electoral con CiU y ERC, que Zapatero llama la cuestión “identitaria” con la misma frivolidad que habla de “España plural” o de la nación española “discutida y discutible”   para no dar la cara y asumir la gravedad de la situación que el mismo ha provocado. Y que no afecta a España –miren a Ibarretxe- pero sí está destrozando lo que quedaba de cohesión y coherencia ideológica del PSOE, donde todos los barones periféricos del partido empiezan a estar hartos del chantaje de sus compañeros del PSC. Porque amén de su discrepancia esencial sobre España temen que el efecto demoledor de  la deriva independentista del PSC acabe repercutiendo en sus bases electorales como se percibe en Andalucía, dañando sus expectativas en los comicios municipales y los autonómicos de la primavera de 2011.

Zapatero vive en la contradicción permanente y múltiple y no solo en lo que al PSC se refiere. Además pretende: recomponer la sentencia del Constitucional, nadie se sabe cómo, a favor del Estatut y decir que trabaja por España; pedir que los nacionalistas vascos y catalanes, a los que ha engañado, le apoyen los Presupuestos de 2011; decir que es el defensor del Estado del bienestar y proceder al ajuste del déficit de la crisis por la vía de los recortes del gasto social, pensiones y funcionarios; y presumir que es líder de la izquierda cuando la espera una huelga general de CC.OO. y UGT. Zapatero vive en el error y la contradicción y tiene ante sus narices una crisis del gobierno que se ha convertido en el primer problema a resolver, si es que encuentra ministrables de cierto nivel que se atrevan a integrarse en un gobierno presidido por él.