Lo ocurrido ayer en la junta general de accionistas de Portugal Telecóm (PT) excede el ámbito de lo puramente empresarial y ha pasado al terreno de lo político dañando las relaciones de España y Portugal, porque en dicha junta el gobierno de Lisboa utilizó la llamada “acción de oro”, o su derecho de de veto, para impedir que los accionistas de la compañía lusa vendieran a Telefónica, como acordaron, la participación del 30 por 100 que PT tiene en “Vivo”, una operadora brasileña de telefonía donde la gran compañía española tiene otro 30 por 100 del capital.

El veto impuesto por el primer ministro de Portugal, José Sócrates, constituye una agresión política a España y una decisión anacrónica porque rompe el marco europeo de competencia y del mercado único, una vez que la Comisión Europea ya había rechazado estas prácticas de los estados miembros –sobre las que el tribunal europeo se pronunciará previsiblemente en los próximos días- , con el agravante de que en este caso no está en juego ninguna compañía o activos estrictamente portugueses sino una participación accionarial en un tercer país, como es Brasil. Y con el añadido de que la citada junta general de accionistas de Portugal Telecóm había aprobado la venta de su participación en “Vivo” por el 74 por 100 de los accionistas que estaban representados en la reunión lo que constituye un hecho de la máxima relevancia.

El primer ministro Sócrates, haciendo honor a su apellido, debería reflexionar sobre la que ha sido una decisión “agresiva” de su gobierno, en primer lugar con España, a través de nuestra primera compañía de telefonía, contra las normas más elementales del mercado y también en contra de los accionistas de PT y de los inversores en empresas portuguesas que verán como un riesgo este intervencionismo del gobierno lusitano en la vida empresarial. Y todo ello en un tiempo en el que los países de la zona euro, y España y Portugal de especial manera, necesitan de toda clase de inversiones y financiación, como la que habrían recibido por la venta de Vivo destacadas entidades portuguesas, como el Banco Espíritu Santo, porque Telefónica elevó su oferta hasta la cifra de 7.150 millones de euros.

Da la impresión de que los viejos complejos políticos de Portugal frente a España han jugado un papel en la agresiva actuación del gobierno de Lisboa frente a Telefónica a la que parece que han visto como un “prepotente y rico señor castellano”, lo que no se corresponde con la realidad porque esta operación no tiene nada de estratégica, políticamente hablando, sino que es puramente económica y comercial. Otras empresas portuguesas del sector eléctrico como EDP y GALP actúan en el mercado español sin que el gobierno de Zapatero haya puesto vetos o peros a la expansión lusitana en ese sector estratégico español. Como por ejemplo tampoco los ha puesto a la entrada de la italiana Enel en Endesa. Entre otras cosas porque los tiempos de la famosa “acción de oro” están periclitados y son los mercados y los negocios, que en este campo de la telefonía tienen un alcance global, los que marcan la pauta, máxime dentro del mercado único de la Unión Europea.

¿Qué va a pasar? Pues de momento convendría que se enfriaran los ánimos, que reflexionara el primer ministro Sócrates, que el gobierno de Zapatero le hiciera saber su malestar, y que todo volviera a su cauce natural económico y comercial, porque si eso no es así entraremos en un territorio político/judicial con pérdida de tiempo y daños puede que irreparables a los accionistas del PT. El hecho de que esta “agresión” del gobierno portugués a los intereses de una destacada compañía española haya ocurrido al día después de la derrota de Portugal por España en el mundial de Suráfrica ha dado pie a lecturas jocosas de lo ocurrido, pero en ese partido primó la corrección y la deportividad, y en esta polémica de telefonía no hay ni debe de haber vencedores ni vencidos porque, entre otras cosas, Telefónica ha ofrecido un alto precio a los accionista de PT por su participación en Vivo y precisamente por ello aprobaron la venta que luego ha bloqueado el gobierno portugués.

De manera que menos cuestiones de honor patrio y más racionalidad política y económica, porque no están los tiempos para crear problemas entre España y Portugal sino para que ambos países actúen de la mano en este y otros asuntos de la mayor importancia, porque los desafíos que nos acechan a los dos tienen más calado y son más urgentes que un paquete de acciones de una compañía de Brasil. Un asunto sobre el que se ha dramatizado en demasía y sobre el que Lisboa, una vez aclarado todo lo que haya que aclarar, debería reflexionar en pos de una solución razonable y final.