El presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla, ha declarado con mucho teatro y oportunismo electoral su “indignación” por el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional y aunque dice que la acata añade que “no se conforma” con la decisión y anuncia una serie de iniciativas con las que pretende, nadie sabe cómo, hurtar la aplicación de la sentencia al marco legal de Cataluña. Y para colmo afirma que hay que rehacer el pacto de Cataluña con el Estado. ¿Qué pacto? Semejante pacto no existe porque Cataluña forma parte de España y del Estado como bien sabe, o debería saber, el político catalán de origen andaluz. Lo que habrá que rehacer es el pacto de Montilla –que es un cadáver político- con Zapatero, si es que eso tiene solución.

Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional avala la mayoría del articulado del estatuto de Cataluña, lo cierto es que la alta Corte ha dado la razón al recurso que en su día presentó el Partido Popular contra el Estatuto, que fue aprobado por el PSOE, CiU y PSC, una vez que ha declarado inconstitucionales catorce artículos del Estatut y que una treinta mas de ellos están sometidos a la interpretación de la sentencia del Tribunal. Aunque justo es decirlo la rectificación aprobada es la mas “soberanista” posible, o mas cercana a las posiciones del gobierno de Zapatero porque, salvo en algunas cuestiones fundamentales como en el caso del término “nación”, fue apoyada por la mayoría progresista del tribunal. Lo que da un respiro al gobierno y al PSOE, pero también la razón al PP en cuestiones fundamentales como la nación, el idioma, la fiscalidad, el poder judicial y la bilateralidad.

Pero a pesar de todo cabe decir que el presidente Zapatero, aunque ha salvad los muebles, ha vuelto a ser rectificado, por enésima vez, y que el nacionalismo catalán y el gobierno de Montilla han sufrido un segundo revolcón con respecto al texto inicial del Estatut que fue aprobado en el Parlamento de Cataluña en 2005, bajo la presidencia de Pascual Maragall. La primera rectificación se llevó a cabo como la consecuencia de un pacto entre Zapatero y Artur Mas, y la segunda y la definitiva es la que incluye la sentencia. Y por más que los medios oficiales subrayen que el Tribunal avaló la mayoría del estatuto, gracias a la mayoría progresista del TC, imponiendo su criterio por seis votos contra cuatro, en los debates mas importante relativos al término “nación”, al idioma, la fiscalidad, poder judicial y bilateralidad, fueron los conservadores los que ganaron con la ayuda del magistrado Aragón.

En cuanto al contenido e impacto de la sentencia, y al margen de las declaraciones de obligado acatamiento por parte del PSOE y del PP, que se declaran resignados y satisfechos con el fallo, hay que decir que el primer escollo político que se planteaba, relativo a la inclusión del término “nación” en el preámbulo del estatuto el Tribunal ha encontrado una fórmula que pretende ser “salomónica” en la que declaran válido dicho preámbulo del Estatut al mismo tiempo que dicen que “carece de eficacia jurídica”, reiterando en la sentencia  la “indisoluble unidad de la nación española”. Y esto es lo que mas ha indignado al nacionalismo catalán.

Otra de las decisiones polémicas de la sentencia es la relativa a la decisión del tribunal de aceptar el catalán como lengua vehicular de Cataluña aunque “no preferente” en la Administración ni de obligado aprendizaje, con lo que se acaban las snaciones. Asimismo, el TC anula la pretensión del estatuto de crear en Cataluña su propio Consejo del Poder Judicial al margen del estatal, de la misma manera que evita la bilateralidad de Cataluña con el Estado, el equilibrio fiscal y la capacidad de imponer tasas municipales, entre otras muchas cosas que poco a poco habrá que valorar.

Lo que no merece discusión es el fracaso político de Montilla, aumentado con su propia y exagerada gesticulación, y que seguirá, en beneficio de Artur Mas, la senda de Maragall, convirtiéndose en la enésima víctima de Zapatero. Y lo que provoca ahora una cierta inquietud es la posible reacción de CiU que, subida en el electoralismo de los próximos comicios catalanes, corre el riesgo de desvariar y de entrar por la senda del desafío al Estado con lo que Mas se podría equivocar, y si no que pregunte a Juan José Ibarretxe por sus aventuras en tan pantanoso territorio. Veremos si ahora, que existe un marco constitucional seguro para el estatuto catalán, las aguas vuelven a su cauce, o si Artur Mas y el inagotable Jordi Pujol deciden echarle un pulso al Estado en plena campaña electoral. Si lo hacen se van a equivocar. En todo caso una buena aunque agridulce noticia: el Tribual Costitucional después de cuatro años de deliberaciones ha puesto punto final a la sentencia sobre el estatuto de Cataluña (que tendrá efectos colaterales en otros como el valenciano y el andaluz y obligará a reformas legales en Cataluña) y ahora, por fin, se podrá renovar.