Peligran la paz social y la estabilidad del Gobierno

La suerte está echada, el Gobierno aprobó ayer el decreto sobre el duro ajuste del gasto social, esencialmente contra los funcionarios y pensionistas, lo que destruye el discurso político con el que Zapatero justificó su inmovilismo frente a la crisis económica. A la vez que abre un peligroso horizonte de conflictividad social y de inestabilidad política si las medidas aprobadas hoy provocan el rechazo de los sindicatos camino de la huelga general -y de la ruptura del diálogo sobre la reforma laboral- y la ausencia de apoyos parlamentarios para que el Gobierno convalide el decreto en el Congreso, lo que nos situaría en puertas de unas elecciones anticipadas, que es la condición que deberían poner los partidos parlamentarios para aprobar, reformado, este decreto que nos viene impuesto a los españoles desde Bruselas.

El hecho de que ayer mismo el Gobierno no se atreviera a una subida de los impuestos a los sectores más poderosos de la sociedad, como le reclamaban los sindicatos y también desde su propio partido, constituye otra incógnita sorprendente y no explicada por las dos vicepresidentas, De la Vega y Salgado, que se limitaron a señalar que la subida de los impuestos a las grandes fortunas no habían sido estudiadas y que serían abordadas “en su momento” como dijo días atrás el presidente Zapatero. Pero sin aclarar cuando llegará ese momento y cuáles serán los impuestos a subir, lo que provocará otra alarma social a la vez que ofrece otra prueba de las desavenencias que habitan en el interior del Consejo de Ministros.

La causa de este tremendo ajuste social no está en la reciente crisis de los mercados y en el ataque al euro por parte de los inversores y especuladores, sino en las presiones que el presidente Zapatero ha recibido de los primeros líderes de la Unión Europea y Estados Unidos por su negativa de adoptar medidas contra la crisis económica y financiera a lo largo de los últimos tres años. Y es esa negativa, y su electoralista discurso social que ahora ha tenido que destruir y cambiar por el del ajuste, la que obliga a España a este apresurado y doloroso recorte del gasto público en medio de la tormenta financiera y a sabiendas de que si estas medidas no se toman, España -país de un mayor tamaño que Grecia- podría poner el euro en serias dificultades y alcanzar una cota de descrédito en los mercados de consecuencias incontrolables para nuestra economía.

Y de todo esto no hay más responsable que el presidente Zapatero que ha desoído a sus propios ministros, empezando por Solbes que se marchó desesperado, a la oposición, a los líderes europeos y a los analistas internacionales, hasta que se ha visto con el agua al cuello y no ha tenido más remedio que admitir su error y rectificar en profundidad. Y ya veremos si incluso no es demasiado tarde para todo ello porque podríamos estar en las puertas de una dura revuelta social y de la pérdida por el gobiernos socialista de apoyos parlamentarios suficientes para aprobar el famoso decreto y los presupuestos generales de 2011, que son esenciales para la credibilidad del recorte del déficit nacional español.

Las próximas horas y días van a ser política y socialmente duras, y todavía no conviene descartar la enésima rectificación de Zapatero, por ejemplo en lo que al capítulo de la congelación de las pensiones de 2011 al 65 por 100 de los pensionistas se refiere, una vez que ese aspecto está considerado un “casus belli” por los sindicatos y la mayoría de los partidos de la oposición.

Lo que sí está claro es que esta rectificación de Zapatero y el duro ajuste social que en ella se incluye puede significar el principio del fin de este presidente del Gobierno. El mismo así lo reconoció días atrás cuando declaró que lo importante era el futuro de España y no su futuro político y personal.