Coronavirus, confinamiento y división de poderes

el Tribunal Constitucional

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Lo hemos recordado más de una vez en esta columna. La función jurisdiccional de Juzgados y Tribunales es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Sólo excepcionalmente se prevé que los Jueces y Magistrados tengan otras funciones que legalmente se les atribuya en garantía de cualquier derecho. Así ocurría con los encargados del Registro Civil y sigue ocurriendo con los órganos de enlace en la cooperación jurídica internacional. Todo ello queda perfectamente claro en el artículo 117 de la Constitución. Pero en esta ocasión el Pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre un caso de especiales características, por cuanto se conculcaría la división de poderes, piedra fundamental de nuestro ordenamiento como Estado de derecho.

Se trata, ciertamente, de un nuevo varapalo al Gobierno tras los dos sufridos por las declaraciones del estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria durante los primeros tiempos de la pandemia. Ahora la presente cuestión, aunque relacionada con la pandemia, tiene un planteamiento distinto. Según los preceptos formulados, las medidas restrictivas de derechos acordadas por los gobiernos autonómicos habrían de obtener el aval del correspondiente Tribunal Superior de Justica antes de entrar en vigor. No es que la resolución administrativa pudiera ser recurrida en sede judicial, sino que su nacimiento se produciría mediante la colaboración de dos poderes del Estado, uno con la propuesta y otro que daría su visto bueno. Como el propio Tribunal Constitucional señala, no cabe el ejercicio de potestades compartidas, en las que se confundirían las funciones propias del Ejecutivo y las de la Administración de Justicia. Ésta sólo debe pronunciarse a posteriori sobre los aspectos jurídicos de la cuestión litigiosa.

El objeto de esta Sentencia, de sus consideraciones y de su fallo, reabre la problemática de hasta qué punto los jueces, los de la Audiencia Nacional por ejemplo, pueden prohibir manifestaciones por entender que en su curso será probable la comisión de algún delito. Los jueces no están para prevenir nada, sino para ocuparse de los delitos ya cometidos o intentados, aunque sólo sea indiciariamente, y condenar a sus responsables si hubiera lugar a ello. Las funciones gubernativas no son las jurisdiccionales. Y, además, tampoco debieran coincidir en el titular de las mismas. La ley puede reservar para un juez algún cargo fuera de la jurisdicción, pero a cambio de que abandone su Tribunal o Juzgado.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.