De la prescripción, la inviolabilidad y la pena de banquillo

El Rey emérito Juan Carlos I

EFEJuan Carlos I

Carece de sentido la incoación de diligencias penales o fiscales cuando el delito en cuestión haya prescrito indubitadamente. Si los plazos legales hubieran transcurrido con notorio e indiscutible exceso, la apertura de diligencias sería una pérdida de tiempo y en muchas ocasiones una lamentable “pena de banquillo” para un pretendido culpable que nunca será condenado pero tampoco absuelto. Ni por insuficiencia de pruebas ni por haberse constatado la falsedad de la acusación.

Lo dicho vale con carácter general, pero presenta especiales matices cuando la prescripción es dudosa y el investigado acaba sentándose en el banquillo del juicio oral. Entonces, si en la sentencia se declarara la prescripción del delito, pueden seguirse dos vías. De un lado, empezar por el relato minucioso de los hechos, como sería necesario para una condena. De otro, referirse a ellos sólo respecto a la fecha en que se habrían podido producir.

Con el primer criterio puede llegarse al indeseable resultado de que se absuelva o prospere un recurso de amparo por no haberse aplicado la prescripción, pero quedando viva la declaración de que los hechos delictivos ocurrieron realmente. Recuérdese el escándalo de las Torres Kio, por ejemplo. En cuanto a la persecución de determinados delitos atribuidos a Juan Carlos I, no se abrió siquiera un proceso penal. Cada cual opinará lo que guste sobre la certeza de los hechos atribuidos al anterior Rey, pero oficialmente no tenemos delitos ni delincuente. La pregunta es, más bien, si fue preciso haber mantenido abiertas durante tanto tiempo las diligencias del Ministerio Fiscal.

Lo dicho para la prescripción vale asimismo para los supuestos delitos cometidos mientras que la persona de Juan Carlos I fue inviolable. No sé, quizá hubiera que acreditar trabajosamente algunos datos esenciales para saber si la conducta supuestamente delictiva se prolongó más allá del alcance temporal de la prerrogativa.

Cambiando de tercio, vayan dos últimas observaciones. La primera, muy importante pero que no ha recibido la atención debida, es que la inviolabilidad del Rey tiene carácter personal y no se extiende a quienes hubieran podido participar en el delito como inductores, cooperadores necesarios o cómplices. Tampoco estas conductas han sido objeto de procedimiento penal alguno, pese a que la prescripción del delito se rige por la pena correspondiente al autor, aunque éste sea inviolable, y no por la imponible al resto de personas criminalmente responsables.

La segunda, ya a mucha distancia de la anterior, es que nos gustaría, en tanto fuese factible, disipar las últimas dudas acerca de si la regularización fiscal de Juan Carlos I respondió estrictamente a lo que el artículo 305 del Código Penal requiere.

Sobre el autor de esta publicación

José Luis Manzanares

Nació en 1930. Obtuvo Premio Extraordinario en la Licenciatura de Derecho por la Universidad de Valladolid (1952) y en el Doctorado por la Universidad de Zaragoza (1975).

Ingresó en la Carrera Judicial en 1954 y se jubiló como Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el año 2000. Es también Abogado del Estado (jubilado) y Profesor Titular de Derecho Penal (jubilado). Fue Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial entre los años 1990 y 1996. Desde 1997 es Consejero Permanente de Estado.

Amplió estudios en la Universidad Libre de Berlín Occidental y en el Instituto Max Planck de Friburgo.

Ha pronunciado numerosas conferencias en España, Colombia, Cuba, Alemania e Italia.

Ha publicado más de un centenar de trabajos jurídicos, amén de nueve libros, entre ellos dos Comentarios a los Códigos Penales españoles de 1973 y 1995, habiendo participado en otros diez de carácter colectivo. También ha traducido algunos textos jurídicos del alemán, entre los que destaca la última edición (la 4ª) del Lehrbuch des Strafrechts (Parte General) del Profesor Jescheck. Ha llevado durante años la Sección jurisprudencial del Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. La misma labor desarrolló en la Revista “Actualidad Penal”, de la que fue Director durante algunos años, desde su primer número hasta su cierre el año 2003. Es también autor de unos comentarios en 2 Tomos al vigente Código Penal tras su reforma por la Ley Orgánica 5/2010, editados por Comares, Granada. Su último libro, publicado el año 2012 por la editorial La Ley, de Madrid, se ocupa de “La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de la Administración de Justicia”.

Ha colaborado en algunos periódicos nacionales, como ABC, Diario 16, La Razón, El Mundo, El País, La Gaceta de los Negocios, La Clave, Epoca y Expansión, y semanalmente, durante muchos años en Estrella Digital. También en la revista alemana “Juristenzeitung” y otras especializadas de México y Argentina.