La polémica visita de Juan Carlos I

Rey emérito Juan Carlos I

EFERey emérito

La inviolabilidad de la persona del Rey, proclamada en el artículo 56.2 de la Constitución e interpretada muy generosamente por la jurisprudencia (no tanto por la doctrina), puede entenderse bien en las circunstancias de 1978. Había que proteger al Monarca de un previsible abuso de denuncias y querellas por razones políticas. Pero el precio de aquella disposición era abrir un portillo a la impunidad escandalosa en cualquier supuesto.

La solución para el futuro pasaría por modificar cuanto antes aquel precepto, de modo que los posibles delitos del Rey, al menos los cometidos al margen de sus competencias oficiales (véase el artículo 62 de la Ley Fundamental), fueran conocidos por el Pleno del Tribunal Supremo o de su Sala de lo Penal. A la nueva normativa podría llegarse con cierta facilidad si se modificara el Título X de la Constitución, “De la reforma constitucional”, por el procedimiento abreviado de su artículo 167, abriendo así la puerta a la posterior reforma del artículo 56 con esa misma tramitación.

La alternativa entre monarquía y república se halla hoy ampliamente superada. La democracia admite ambas jefaturas del Estado, pero lo que pocos ciudadanos aceptan es la impunidad absoluta de un rey por cualquier delito, desde el latrocinio a la violación más repugnante si llegara el caso. En este terreno de los principios no caben excepciones más o menos ligadas a la vieja concepción cuasidivina de la realeza.

Lo que está ocurriendo ahora con el regreso del Rey Emérito a España, en realidad una corta visita, es consecuencia de aquella prerrogativa constitucional. Aunque la pena de extrañamiento desapareció con el vigente Código Penal de 1995 y sólo podía imponerse por los jueces, se diría que le ha sido aplicada solapadamente al Rey Emérito. No se olvide además que Juan Carlos I, como recordaba hace unos días el director de este periódico en una de sus columnas, no sólo sigue ostentando el título honorífico de Rey, sino también el tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, tal y como reza el Real Decreto 470/2014.

De todas formas, no sería preciso recordar dicho Real Decreto para sentir un cierto malestar con el régimen de autorizaciones, prohibiciones y limitaciones al que parecen estar sometidas sus visitas a España. El Rey Emérito tiene derecho a entrar y salir de su patria cuando le apetezca. Sobran las ingeniosas cuchufletas de una expresidenta del Gobierno: hoy suben las temperaturas en todo el país, dan bochorno en Sanxenxo.

En cuanto a si el Rey Emérito pernocta o no, o duerme la siesta, en la Zarzuela, creo que la primera y última palabra corresponde al Rey Felipe VI. Hablamos de su casa y de su padre. Bien están las consideraciones políticas, pero pasando siempre por el tamiz de las relaciones paternofiliales.

No estamos viviendo ningún momento histórico, sino una insoportable mezcla de drama y sainete, muy entretenida pero muy triste.

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