Las mascarillas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa

EFEMartínez Almeida

No es preciso ampliar el título, pues todo el mundo sabe de lo que hablamos. La compra de mascarillas y otros medios para combatir el coronavirus durante los primeros días de la pandemia se ha convertido en un escándalo que salpicaría al Ayuntamiento de Madrid. Se mira con lupa la contratación por si hubo amiguismo, irregularidades administrativas e incluso falsedad documental, estafa y algún otro delito. Corrupción, en una palabra.

Naturalmente, hay que dejar para los tribunales, penales y contencioso-administrativos, lo que sólo a ellos compete, pero eso no impide condenar la avaricia de quienes supuestamente habrían aprovechado esta ocasión para enriquecerse con precios o comisiones muy superiores a los normales. Y si encima se nos presentan como generosos amantes del prójimo, pues peor todavía.

Sea o no delictiva la conducta de estos señores, la contratación huele mal por poderosas razones que no es preciso detallar aquí. Baste recordar el perfil de los agraciados y sus presuntas relaciones con autoridades o funcionarios que, de una manera u otra, pudieran haber intervenido en la contratación.

Pero esta operación, por escandalosa que sea, también es imaginable en un marco legalmente correcto dentro de la oferta y la demanda. Las partes se ponen de acuerdo según las circunstancias de un momento determinado. En España los fallecidos se contaban por centenares cada día. Es evidente, de otro lado, que esas contrataciones apresuradas no se hubieran producido, ni en Madrid ni en otras autonomías, si el Gobierno de España hubiera podido dar una respuesta rápida y eficiente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Sanidad y el de Comercio, por utilizar sus sencillas, breves y claras denominaciones tradicionales.

Había que traer con urgencia las mascarillas y demás material sanitario, sin que al parecer hubiera mejores ofertas que las de estos señores en el ámbito privado. Una triste realidad que debería tenerse en cuenta. Todo ello al margen de las responsabilidades, civiles o penales, si la mercancía hubiera sido inservible o de escasa calidad.

El virus nos cogió por sorpresa, culpable o no, y los ancianos, abandonados a su suerte, murieron por millares sin haber recibido la menor asistencia médica. Sus entierros tuvieron mucho de clandestinos. El caos era absoluto y las primeras reacciones no fueron siempre afortunadas. Recuerdo como pintoresca anécdota que el Padre Ángel, a los pocos días del 8 M y cuando los sanitarios se protegían con bolsas de basura, aportó en televisión su granito de arena pidiendo un Premio Princesa de Asturias para el presidente Sánchez.

Por cierto, ¿Cuánto pagaron otras Administraciones Públicas por ese mismo material?.

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