El Tribunal Supremo y el Congreso de Diputados

Me gustaría creer que las diferencias entre la Sala 2ª del Tribunal Supremo y el Congreso de Diputados fueran agua pasada después de que la presidenta de éste último, Meritxell Batet, retiraba su escaño a Alberto Rodríguez, de Unidas Podemos, condenado por un delito de atentado a agente de la Autoridad a “la pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”, a lo que se añade en el propio fallo que “la pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros”. Me temo, sin embargo que aún estemos lejos del punto final y lamento que antes de acudir a los posibles recursos se nos anuncie una querella de dicha formación política contra quien, no sin reticencia, terminó acatando el requerimiento judicial.

Como los servicios jurídicos del Congreso se pronunciaron en contra de aquel cese, trataremos por separado dos aspectos del problema. El primero es el de si, una vez sustituida la pena de prisión, que es la que conlleva la accesoria de inhabilitación especial, procede mantener ésta junto a una multa que en sí misma no la contempla. La cuestión es polémica, pero el Tribunal Supremo responde afirmativamente no sólo en unas pocas líneas de sus razonamiento, sino también, y esto es lo determinante, en el fallo que ahora se ejecuta. Huelga, pues, extenderse en este punto. No parece que aquí pudiera prosperar un recurso de amparo.

La segunda objeción, menos presente en nuestros medios de comunicación, aunque para mí sea la de mayor calado, es la de que “la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena” (artículo 56 2ª del Código Penal) consiste en no poder ser elegido durante un cierto tiempo cuyo comienzo ha de fijarse en la correspondiente ejecutoria. Distintos son los efectos de la “inhabilitación especial para empleo o cargo público” (artículo 56 3ª), que sí produce la privación de los mismos, incluidos los electivos, además de la incapacidad temporal para volver a obtenerlos (artículo 42).

La pérdida del derecho de sufragio pasivo se agota con el no poder ser candidato en futuros procesos electorales. Dicho de otro modo, la cuestión sería irrelevante en un Congreso ya constituido, si no fuera por ese discutido cese cuya inclusión en la accesoria impuesta no está claro ni mucho menos. Ocurre, no obstante, que también en este extremo la interpretación del Tribunal Supremo será la última palabra mientras el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no se pronuncien contra aquella interpretación.

Quizá se pregunte el lector por qué no se acudió a la pena accesoria de inhabilitación de empleo o cargo público, que prevé expresamente su pérdida. La respuesta puede ser que entonces se exige “una relación directa con el delito cometido”, algo que evidentemente no se da en este caso.

Considero, en resumen, que la presidenta del Congreso ha actuado bien al aceptar el requerimiento judicial, aunque no falten razones para poner en duda que la pérdida del derecho de sufragio pasivo implique la pérdida del cargo obtenido en alguna elección anterior.

Es altamente improbable que prospere una querella por prevaricación contra la señora Batet.