De la inviolabilidad del Rey y otras cuestiones

El Presidente del Gobierno, refiriéndose a la inviolabilidad del Rey conforme al artículo 56.3 de la Constitución, ha declarado en la Cadena SER que no considera tal condición como necesaria para el Jefe del Estado. Ese es también mi parecer, por lo que sitúo dicha cuestión a la cabeza de cualquier reforma constitucional. Comprendo perfectamente, sin embargo, las razones por las que en su tiempo, el de la Transición, se optó por aquella prerrogativa.

Si bien el cambio del régimen franquista a la democracia se desarrolló con un cierto respeto generalizado hacia la persona del rey Juan Carlos I, sobre todo a partir del fallido golpe de Estado del 23 F, se comprenden los motivos por los que se consensuó que el blindaje de la persona del monarca fuera absoluto, evitándole así denuncias y querellas como armas de sus adversarios políticos. La mera apertura de diligencias penales, aun con escasas posibilidades de prosperar, conllevaría un desgaste para la corona.

No censuro a posteriori lo que se hizo entonces pero, al margen de las conjeturas, resulta evidente que sin aquel privilegio nos hubiéramos ahorrado los muchos escándalos, delictivos o no, que llevaron a la abdicación del ahora Rey Emérito, y también otros que se suceden en nuestros medios de comunicación. Aunque la conducta del rey Felipe VI sea muy distinta, el problema de la inviolabilidad real no ha de resolverse a la vista del comportamiento de un determinado monarca, sino pensando en la Institución misma.

Siempre debería ser exigible un rendimiento de cuentas ante los tribunales, desde la jurisdicción penal a la civil, y salvando las distancias lo mismo frente a las administraciones públicas. Sólo tras ese postulado vendría el debate sobre los fueros u otras garantías procesales, sin olvidar los casos de referendo imperativo. El sometimiento del Rey a la jurisdicción penal, por citar únicamente la faceta más significativa del problema, podría articularse con un fuero ante el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo o, si se prefiere, ante el Pleno de dicho Tribunal, exactamente igual que se haría con un Presidente de la República. Sentado ese punto de partida, el debate se reduciría a otras cuestiones ya de tono comparativamente menor.

Y puesto que del Rey hablamos, quizá convendría prescindir de ese “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”, del artículo 62 h) de la Constitución, habiendo ya, como hay, un Gobierno y un Ministro del Ejército. Y tal vez simplificar también el procedimiento de reforma constitucional no sólo respecto al Título II, “De la Corona”, sino en todos los restantes supuestos del artículo 161. Bastaría atenerse al procedimiento general y más sencillo del artículo 167. Y finalmente, habría que suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en el artículo 57.1. Si las leyes han de tener un carácter ejemplarizante, las constituciones más todavía.