La Ley del Aborto en el Tribunal Constitucional

La Ley del Aborto, aprobada por la mayoría socialista de 2010, fue impugnada en su día ante el Tribunal Constitucional sin que hasta ahora, 10 u 11 años después, se haya resuelto el recurso. Y ello pese a que se practican anualmente unos cien mil abortos, muchos de ellos amparados en aquella. El Tribunal Constitucional denegó la suspensión cautelar de la ley, que despenaliza todo aborto cuando el embarazo no supera las catorce semanas, prometiendo que la tramitación del recurso tendría carácter prioritario. Y así hasta hoy. Desde 2010 el Tribunal Constitucional ha dictado innumerables sentencias en asuntos de menor entidad, pero éste, quizá el más importante en términos de vidas humanas, continúa en la lista de espera.

Ahora leo que varias asociaciones se han querellado contra los últimos presidentes del Alto Tribunal, Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos y Juan José González Ríos, así como contra el ponente de la causa, Ollero Passada, por la prevaricación consistente en el retraso malicioso durante la tramitación del recurso.

Entiéndaseme bien, yo no me pronuncio -y me imagino que estas querellas tampoco- sobre la constitucionalidad de la vigente Ley del Aborto. Más aún, he distinguido públicamente, en congresos, seminarios y artículos de prensa, que una cosa es la gravedad del aborto desde una perspectiva religiosa, particularmente la católica, y otra su relevancia para ser tipificada como acción absolutamente incompatible con un mínimo orden social. Pero esto ahora no importa. Lo que esas asociaciones denuncian, sean cuales fueren sus posicionamientos sobre el fondo de la cuestión, es que haya transcurrido más de una década de silencio, confiando quizá -esto lo añado yo- en que mientras tanto se promulgase una nueva ley que dejase sin objeto el recurso. En todo caso la culpa de cualquier elucubración habría de atribuirse a la demora misma en no dar respuesta al recurso durante tantos años.

Metidos, sin embargo, en la calificación penal de los hechos, si es que se avanzara en tal sentido, lo que no es ni mucho menos seguro, sería muy interesante conocer la interpretación del Tribunal Supremo sobre el alcance de los artículos -entre ellos el de retraso judicial del 449- que el Código Penal ubica bajo la rúbrica “Delitos contra la Administración de Justicia”. El Tribunal Constitucional no es ni la Administración de Justicia ni el Poder Judicial propiamente dicho. Y el rechazo de la interpretación extensiva en contra del reo es un principio básico del Derecho Penal.

Si el problema radicase, aunque sólo parcialmente, en la falta de medios personales o materiales, esta deficiencia debería subsanarse lo antes posible por quien corresponda, sin esperar a que se denuncien otros asuntos aparcados por razones desconocidas o más que discutibles.

Al final nos encontramos siempre con la plena vigencia del dicho según el cual la justicia tardía no es justicia. De lo que ocurre en la jurisdicción ordinaria podríamos hablar en otra ocasión. Eso sí, recordando aquello de que mal de muchos, consuelo de tontos.