Las transferencias penitenciarias al País Vasco

Hace más de cuarenta años que el primer Estatuto para el País Vasco, el de Guernica, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, señaló en su artículo 12 que correspondía a dicha Comunidad Autónoma la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria. Pero eran los años de plomo del terrorismo etarra y aquel precepto nunca se hizo efectivo. Tanto el Gobierno de España como el de Euskadi prefirieron mirar hacia otro lado. La redacción de la letra pequeña no habría sido fácil en aquellas circunstancias para ninguno de nuestros grandes partidos políticos, el PP, el PSOE y el PNV, sobre los que hubiera recaído el peso y la responsabilidad de las negociaciones.

Mientras tanto, el traspaso de competencias a la Comunidad de Cataluña, recogido en el artículo 11.1 de su Estatuto de Autonomía desde 1979, se desarrolla realmente con el Real Decreto 3482/1983, aunque sólo referido a los servicios e instituciones. Quiere decirse que al margen quedan cuestiones tan relevantes como las de los criterios a seguir respecto a la distribución de los penados, si atendiendo al lugar de comisión del delito, al domicilio habitual del reo o a la sede del Juzgado o Tribunal sentenciador, sin olvidar el supuesto especialísimo de los condenados por la Audiencia Nacional.

La dispersión de los penados de ETA por toda España hubiera sido muy difícil mediante un traspaso de competencias al País Vasco sin dar simultáneamente las oportunas respuestas a las numerosas preguntas que entonces habrían podido plantearse. Hay decisiones administrativas, como el destino del condenado, en las que, al menos en principio, no intervienen ni los juzgados o tribunales sentenciadores ni los Jueces de Vigilancia y hay recursos jurisdiccionales que carecen de automático efecto suspensivo.

¿Habrían podido ser trasladados a Herrera de la Mancha o a Canarias los terroristas de Terra Lliure que asesinaron al empresario Bultó? Dejando de lado, para evitar excesivas polémicas, las condenas por delitos con notoria connotación identitaria y móviles políticos (lo que no significa que sean delitos políticos), cabría discutir si el reo tendría derecho absoluto a cumplir la pena en su comunidad autónoma.

Ojalá que el traspaso de competencias penitenciarias al País Vasco, como cualquier otro, no deje muchos cabos sueltos.