¿Independencia en diferido?

indultos

Con motivo de la inculpación o investigación de María Dolores de Cospedal en la Audiencia Nacional, la TV ha reproducido aquella lastimosa escena en la que, nerviosa y con ribetes de tartamudez, trataba de explicar el despido en diferido del señor Bárcenas, hasta entonces tesorero del PP. Nada nuevo, salvo que ese diferido me ha traído a la mente el problema catalán y que por primera vez tengo la sensación de que entre aquellas palabras entrecortadas y la estrategia independentista hay un cierto paralelismo.

Somos una inmensa mayoría de españoles los que, como la mitad de los catalanes, queremos mantener la unidad de España que proclama la Constitución. Ésta encomienda explícitamente su defensa a unas Fuerzas Armadas puestas a las órdenes del Rey. Los sediciosos de hace pocos años proclamaron por sí y ante sí la República de Cataluña. No importa que sólo durase unas horas ni que el Tribunal Supremo hable en su sentencia de una ensoñación.

Pero aquel acto, insurrección pacífica si se quiere, no surgió de la nada sino que fue como el final de una partitura iniciada mucho antes. Ni se llegó por sorpresa a la proclamación ni ha terminado el espectáculo. Aunque no conozcamos bien lo que nos deparará el futuro, sí que tenemos la seguridad de que continuarán los episodios encaminados a la independencia sin contar con el resto de los españoles.

Sólo a posteriori se ha visto lo que ha ocurrido con las competencias penitenciarias, hoy institucionalmente en manos de los partidos políticos a los que pertenecen los condenados, algo al menos sorprendente. Después vino la inmersión lingüística, con el español como algo impuesto por Madrid. Y, en resumen, la discriminación del llamado españolista que defiende la permanencia de Cataluña en España.

Se prometen estatutos con artículos que, declarados anticonstitucionales, se pueden repetir cuantas veces hagan falta. Como se puede indultar a los golpistas que hasta hoy mismo juraban volver a las andadas. O reformar el Código Penal para acortar sus condenas. O estudiar la amnistía que los independentistas exigen. O acceder a nuevas transferencias con la ingenua esperanza de contentar así a quien de verdad pretende romper con España.

El próximo paso quizá sea un referéndum a modo de consulta sin efectos jurídicos. Únicamente habría que hacer algún esfuerzo exegético para compatibilizarlo con la Constitución. Yo creo que sería más fácil que llegar al actual y deplorable sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial partiendo de su artículo 122.3.

La cuestión catalana ha dejado ya en el papel muchos puntos de aquellos que en los pasatiempos de diarios y revistas se unían luego para obtener una determinada figura. Pues yo empiezo a imaginarme que, si no tenemos mucho cuidado en el futuro, puede que aquella sea esta vez una independencia a plazos o en diferido.

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