Una pesadilla de verano: del perdón a la indemnización

indultos

La Constitución prohíbe los indultos generales, según vimos hace unos días, pero para nada menciona las amnistías. La Ley del Indulto de 1870 requiere, por su parte, la previa firmeza de la sentencia condenatoria. Y ambas afirmaciones nos llevan a dos comentarios. El primero es que la concesión de los indultos individuales, atendiendo más a la situación de Cataluña que a las concretas personas agraciadas, no impedirá que los independentistas radicales redoblen su apuesta por una amnistía que no se limite a reducir el cumplimiento de la pena, sino que tenga por no delictivos los hechos en cuestión. Se llegue o no a la amnistía, ya hemos empezado a estudiar los argumentos jurídicos sobre su existencia o inexistencia en nuestro ordenamiento constitucional y legal.

La segunda observación es que al huido Puigdemont no se le puede indultar sin haber sido antes condenado, pero sí que se beneficiaría de una hipotética amnistía. Si vuelve a España voluntariamente o por una orden de detención internacional o una petición de extradición, los jueces resolverán sobre su situación personal atendiendo al riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas y la gravedad de las penas imponibles. Aquí carece de relevancia la reducción del cumplimiento de las penas por el indulto a los condenados en el procès.

No creo que lo escrito hasta el momento suscite mucha contestación, puesto que son observaciones elementales sobre la legislación vigente (y sus lagunas). Pero dando un paso más, procede señalar que la concesión de una amnistía podría incluso acabar en una reclamación patrimonial contra la Administración de Justicia, bien por la prisión provisional sufrida, bien por el cumplimiento parcial de penas impuestas por los hechos amnistiados.

Muy probablemente, el lector rechazará como absurda tal posibilidad, pero quizá cambie de opinión adentrándose en lo que puede dar de sí la aplicación conjunta de nuestras normas procesales, administrativas y de gracia en esta materia. Más desde que la STC 85/2019 dio nuevo texto al artículo 294.1 de la LOPJ prescindiendo, para la indemnización por prisión provisional, del anterior requisito básico de la constatación judicial de la “inexistencia del hecho imputado”. Quiero decir que ya hemos visto muy discutibles interpretaciones constitucionales y legales al hilo de los altos intereses políticos. Demos tiempo al tiempo.

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