Los referendos en el contencioso catalán

Los independentistas catalanes exigen al Gobierno de España la amnistía y la celebración de un referéndum sobre la autodeterminación de aquella comunidad. Desde Madrid se acepta la mesa de negociación, pero se adelanta que no puede haber ni amnistía ni referéndum porque lo prohíbe la Constitución. No hay que descartar, sin embargo, puntos de encuentro, porque en la nueva política los digos y los diegos están a la orden del día.

De la amnistía ya nos hemos ocupado en otras columnas. La Constitución no las cita, pero tampoco las prohíbe, a diferencia de lo que hace con los indultos colectivos. Todavía aparecen como cuestión previa en el artículo 666 de la LECr. Repárese también en que se tramitarían como leyes (Poder Legislativo) y no como reales decretos (Poder Ejecutivo). Además responden mejor que los indultos personales e individualizados a la criminalidad colectiva como en los sucesos de Cataluña. Para su disfrute no es preciso que antes haya recaído condena firme contra los posteriormente agraciados (caso de Puigdemont).

En cuanto al referéndum para reformar la Constitución, suprimiendo la “indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, sólo caben los previstos en sus artículos 167 y 168, de manera que han de celebrarse en toda España. Ni siquiera a una Confederación se podría llegar con un referéndum circunscrito a Cataluña. Pero quizá quepa –acentúo el quizá y me pongo en lugar de sus defensores- como consulta popular sin efectos jurídicos pero muy relevantes para la opinión pública dentro y fuera de dicha comunidad autónoma.

El artículo 92 de la Constitución sólo contempla el “referéndum consultivo a todos los ciudadanos” de España, convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados”; y únicamente a éstos parece referirse el artículo 149.1.32ª al disponer la competencia exclusiva del Estado en la “autorización de consultas populares por vía de referéndum”. Es más que dudosa la prohibición constitucional del referéndum consultivo a nivel autonómico o municipal.

Pero es que, además, la LO 2/1980, que desarrolla lo previsto en el artículo 92.3 de la Constitución sobre las distintas modalidades de referéndum allí recogidas, se ocupa igualmente del limitado a otras entidades territoriales, según sucede expresamente en su disposición adicional sobre los ayuntamientos. No habría problema alguno en celebrar una consulta en el Condado de Treviño para, según su resultado, iniciar o no el procedimiento legal para su incorporación al País Vasco.

Y termino, en cualquier caso es el presidente del Gobierno quien autorizaría los referendos cualesquiera que sean su ámbito territorial y sus efectos. ¿No habrá en Cataluña? No sé pero se admiten apuestas, posibles son y un diputado de ERC en el Congreso ya ha advertido que no iba a haber indultos pero los hubo.

En resumen, la Constitución no puede reformarse por un referéndum en Cataluña. Ahora bien, un referéndum meramente consultivo sobre el deseo de los catalanes sería otra cosa. Desaconsejable tal vez pero legalmente posible.