La prohibición de los indultos generales

El coronavirus y los indultos a los condenados por el procès acaparan la actualidad. Sólo que la primera cuestión lleva mucho más tiempo, año y pico, entre nosotros, mientras que la segunda es, por decirlo así, más de hoy. Aquella parece que, afortunadamente, se va difuminando en el pasado, todo lo contrario a lo que ocurre con esos indultos todavía en fase de elaboración. De indultos, pues, van estas líneas.

Hace quince días expusimos en nuestra columna semanal la regulación básica conforme a la Ley del Indulto de 1870. No tomábamos partido por su concesión o rechazo, pero sí apuntábamos que de sus tres posibles motivaciones, justicia, equidad o utilidad pública, únicamente la tercera parecía tener algún recorrido tras el informe del Tribunal Supremo que las desestima por igual. Más peso tiene, sin duda, sus observaciones sobre la justicia y la equidad que respecto a la utilidad pública. En aquel artículo ya se advertía sobre dicho particular, pero no, o no lo suficiente, sobre la prohibición de los indultos generales en la Constitución (artículo 62 i). El precepto podría burlarse con una pluralidad de indultos individuales utilizando, en definitiva, los mismos razonamientos. Y aquí viene el problema, porque los indultos no se conceden arbitrariamente, sino conforme a una discrecionalidad reglada. Recuérdese la crucial sentencia del Tribunal Supremo cuya ponencia llevó la hoy ministra Margarita Robles.

Las amnistías extienden, o extendían, el derecho de gracia atendiendo más a la superación de un conflicto con raíces políticas que a las responsabilidades penales individualizadas de los que en aquel contexto delinquieron.

Las razones para una ley de amnistía (producto del poder legislativo y no del Gobierno) serían exclusivamente de utilidad pública. Por cierto, en algunos países como Alemania el perdón judicial, dentro de la propia jurisdicción, permite examinar si el resultado de la aplicación estricta de la ley se compadece o no con la equidad o la justicia.

Confiemos en que para conceder posibles medidas de gracia en esta difícil coyuntura no se recurra a artificiosos fraccionamientos como sucede, por ejemplo, en la contratación pública. Un contrato se divide con frecuencia en varios para cobrar lo mismo pero sin pasar por los más rigurosos controles y exigencias de un contrato único.