La inseguridad jurídica en tiempos de pandemia

El artículo 19 de la Constitución proclama en su Título I, bajo la rúbrica “De los derechos y libertades fundamentales”, el que tienen los españoles a elegir libremente su residencia y, lo que ahora más interesa, “a circular por todo el territorio nacional”, lo que presupone el poder abandonar la propia casa a discreción. Más adelante, a propósito “De la suspensión de los derechos y libertades fundamentales”, el artículo 55 dispone, entre otras cosas, que aquel artículo 19 podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio conforme a lo previsto en la Constitución. Después, ya en el Capítulo Segundo de su Título III, dedicado a la elaboración de las leyes, se indica en su artículo 81 que son leyes orgánicas “las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, requiriendo su aprobación, modificación o derogación mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

Completa la materia sobre éste particular la previsión excepcional del artículo 86, en el mismo Capítulo Segundo, a favor del Gobierno. A tenor de su apartado 1, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general”. Pero ese dictado se condiciona en el apartado 2 a su convalidación o derogación tras un debate y votación de la totalidad del Congreso.

Pues bien, puede que a partir de tales textos haya intérpretes jurídicos que lleguen a donde la Ley no parece llegar a los ojos de un lector libre tanto de todo prejuicio como de la necesidad de solucionar urgentemente determinados problemas aprovechando al máximo las posibilidades legales.

Un cosa es el cierre temporal de restaurantes, bares o locales de ocio, la obligatoriedad del uso de mascarillas en lugar público o el aforo limitado en piscinas, teatros o campos de futbol, y otra el confinamiento en la propia vivienda sin poder cruzar la calle ni para visitar a los hijos y nietos en la acera de enfrente. La guinda pintoresca es que el confinamiento desaparece si el perrito gusta de hacer sus necesidades en la calle.

La gravedad del confinamiento doméstico queda patente desde el momento en que su contenido real equivale al del arresto domiciliario, previsto desde siempre, con un nombre u otro, en nuestros códigos penales.

Me sumo a quienes consideran que la vigente legislación sanitaria se nos ha quedado obsoleta y peca de insuficiente en tiempos de pandemia. Sin perjuicio de reforzar las garantías jurisdiccionales, ampliando el recurso de casación ante la Sala de lo Contencios-administrativo del Tribunal Supremo para unificar doctrina, sería aconsejable disponer, como punto de partida, de una ley con referencias más concretas a las medidas que las administraciones puedan adoptar para acabar definitivamente con una pandemia que ya nos ha costado bastante más de cien mil muertos.