La excarcelación de los condenados en el procés

Desde que entraron en la cárcel los condenados por sedición tras el juicio del procés no han cesado las iniciativas, principalmente de índole política, para mejorar su suerte. Dejando de lado, lo que ya es mucho, el hecho insólito de que la Administración Penitenciaria de Cataluña dependa de sus correligionarios, son varias las vías que, conjunta o escalonadamente, se aducen con tal finalidad.

La amnistía, máxima aspiración de los reos, no sólo afectaría a las penas, pues va más allá de eximir total o parcialmente de su cumplimiento. Con la amnistía se borra el delito mismo. Es como si nunca se hubiera delinquido, de forma que hasta desaparecen los antecedentes penales. Mucho se discute, sin embargo, sobre su cabida en nuestro actual ordenamiento jurídico. No se la cita siquiera en la Constitución, a diferencia de lo que ocurre con el indulto (artículo 62 i)), pero sí, de pasada, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 666). Y no existen precedentes legales, jurisprudenciales o administrativos en un sentido u otro.

También se habla de una reforma del delito de sedición, con la que se beneficiarían retroactivamente estos condenados, bien por las nuevas penas inferiores, bien por los cambios de tipificación.

Pero, hoy por hoy, el debate se centra en la posible o probable concesión de indultos individuales, de modo que a dicha institución se dedican las siguientes observaciones, no referidas a lo que según mi opinión, como la de cualquier otro ciudadano, debiera hacer el Gobierno, sino sobre su regulación en la todavía vigente Ley de 1870.

En el supuesto que nos ocupa, el indulto sólo sería parcial, dado que las penas ya han sido parcialmente cumplidas. Los informes del tribunal sentenciador, así como los del Tribunal Supremo y el Fiscal no son vinculantes (artículo 23 y 24). El indulto puede ser solicitado no sólo por el reo, sino también por “sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su representación” (artículo 19). Igualmente, aunque ello no ocurra en el presente caso, pueden proponer el indulto el mismo tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo o el Fiscal (artículo 20), todo ello sin perjuicio de que el propio Gobierno pueda tomar la iniciativa sin solicitud alguna (artículo 21).

Esta última previsión se explica bien por cuanto el indulto no sólo cabe por razones de justicia o equidad sino también por otras de utilidad pública (artículo 11). Piénsese, por ejemplo, en la condena de una personalidad extranjera que se reafirma en su inocencia y cuyo encarcelamiento perjudica gravemente nuestras relaciones internacionales.

De otro lado, pese a que las repetidas referencias sólo se recojan a propósito de los indultos totales y los supuestos de reincidencia (artículo 23), resulta evidente que la concesión de cualquier indulto habrá de atender primordialmente a la concurrencia de dichos requisitos. Las razones de utilidad o conveniencia públicas pueden presentarse también en planteamientos internos. Entonces la motivación ha de ser cuidadosamente expuesta, tanto para obtener la comprensión de la ciudadanía como para evitar el riesgo de una anulación por el Tribunal Supremo, según ya sucedió en un caso no muy lejano.

Conviene recordar asimismo que el citado artículo 62 i) de la Constitución prohíbe los indultos generales, seguramente por lo que pueden tener de semiamnistía encubierta. La amnistía responde mejor que la multiplicación de indultos individuales a situaciones de criminalidad plurisubjetiva para atentar, por ejemplo, contra los pilares constitucionales de nuestra convivencia democrática. Recuérdese su aplicación en los años treinta.

Para terminar, es de suponer que, si se concede el indulto, lo será por razones de utilidad pública, por lo que, consecuentemente, deberá tenerse un exquisito cuidado en configurar ésta al margen de cualquier interés partidista.

Huelgan las consideraciones sobre la venganza, la revancha o la neutralidad en el ámbito de la institución. Nuestra Ley no exige siquiera, al menos literalmente, el arrepentimiento, pero si prevé la posibilidad de imponer al indultado “las condiciones que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen” (artículo 16).

Estos días se han dicho y escrito muchas cosas sobre el indulto de los penados en el procés, ignorando o tergiversando con frecuencia su regulación legal. De ahí que las anteriores líneas pretendan aportar algo en el terreno objetivo de la normativa directamente relacionada con esta materia.

  1. José Antonio Monreal says:

    Como memorables y han pasado a la historia soportando el paso del tiempo también La Princesa prometida, Misery o Algunos hombres buenos (a pesar de Tom Cruise). ¿Para cuando un especial de Rob Reiner? Probablemente uno de los directores con menos películas pero también con las historias que mejor han envejecido.