Composición del Consejo General del Poder Judicial: de la Constitución a la Ley

El artículo 122.3 de la Constitución reza así:

“El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

En una primera lectura, y para mí también última, quedaba claro que el Congreso y el Senado sólo intervendrían por partes iguales en la elección de ocho vocales, correspondiendo a los Jueces y Magistrados proponer al Rey el nombramiento de los doce de procedencia judicial. En este sentido se pronunció también el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero.

El vuelco hacia el actual sistema se produjo con la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. A su tenor, los doce Jueces o Magistrados serían elegidos igualmente por el Congreso y el Senado. Los cambios legislativos habidos desde entonces han sido más o menos generosos en la previa participación de las asociaciones judiciales y de los mismos miembros de la judicatura a través de avales, pero siempre reservando a las Cortes Generales la última palabra.

El recurso de inconstitucionalidad fue rechazado, aunque no sin algunos votos particulares en contra y ciertas advertencias para que no se reprodujera en el Consejo la relación de fuerzas políticas de las Cortes. El anterior sistema de la L.O. de 1980 sería más acorde con la Constitución, pero también sería constitucional el diseñado en 1985. Luego vendrían algunos retoques legales sobre la iniciativa judicial, pero sin cambiar la esencia del nuevo sistema. Hubo una promesa solemne del Partido Popular para volver a la regulación de 1980, pero cuando llegó al poder y contaba con mayoría absoluta en ambas Cámaras faltó a la palabra dada.

Quizás la raíz de la cuestión no resida tanto en el interés de un partido determinado como en la tentación generalizada para intervenir en el gobierno de los jueces, con lo que ello significa, especialmente en términos de cualificados nombramientos, sobre todo cuando están en juego responsabilidades penales relacionadas con la actividad política. Lo de que la ropa sucia se lava en casa tiene sus partidarios en la vida pública.

Por fortuna, parece que desde las instituciones europeas se ve con inquietud esta concentración de poderes. En las democracias parlamentarias el Ejecutivo y el Legislativo suelen ser de un mismo color. Si además el Gobierno nombra y cesa al Fiscal General con absoluta discrecionalidad, se le confía a éste la instrucción o investigación penal que hasta ahora llevaban los jueces y se reduce al mínimo la acción popular, resulta más necesario que nunca garantizar la neutralidad política del Consejo General del Poder Judicial volviendo a la Ley de 1980.

Nadie discute la elección de ocho de los veinte vocales del Consejo por el Congreso y el Senado. Así lo proclama el artículo 122 de la Constitución y así se reducen los riesgos del corporativismo judicial. El dilema entre elección por las Cortes Generales o por la Carrera Judicial es falso. Nuestra Carta Magna da a cada uno lo suyo.