Las multas de la pandemia

Se puede condenar con penas de prisión de hasta 5 años a quien robe una gallina saltando la tapia del corral, según el artículo 240 del Código Penal. De hasta 18 años por “explotación sexual” (sic) a un animal como maltrato en el artículo 337. De un mínimo de 18 meses y 1 día a quien trate de vender o regalar una papelina de marihuana, conforme al artículo 368, si yo he echado bien la cuenta. Y también hay penas de prisión en los delitos contra la seguridad vial, de los artículos 379 y siguientes, aunque no se produzca daño alguno. Podríamos seguir con los ejemplos de conductas que el legislador español considera delitos por su negativa incidencia en la paz social, pero seguramente bastan los anteriores botones de muestra como término de comparación con la permisibilidad que, de hecho, existe frente a una pandemia que ya se ha cobrado unos 100.000 muertos en números redondos.

No nos referimos a las muchas recomendaciones que se pueden seguir o no según nuestro particular criterio, sino al hecho de que las sanciones impuestas por incumplimiento de normas de obligada aplicación en esta materia carecen de efectividad. Toda nuestra normativa para combatir el coronavirus carece de relevancia penal, por lo que su infracción no conlleva en ningún caso privación de libertad. Esto se explica respecto a una persona que pasea sin mascarilla, pero no en relación a las fiestas multitudinarias -centenares durante los fines de semana-, en las que a la ausencia de aquella protección bucal se suma la del obligado distanciamiento físico. A veces duran varios días y sus correspondientes noches.

Y es que aquí la multa administrativa, nunca convertible en prisión sustitutoria, a diferencia de la penal, recuerda demasiado lo de amagar y no dar, o hacer como si se hace. En las escasas ocasiones en que he leído algo sobre su imposición, se fijaban en un millón aproximadamente las impuestas en toda España desde el comienzo de la pandemia. La cifra no me merece mucho crédito pero es que, además, lo que debe interesarnos es el número de las cobradas. Sospecho que muy pocas ¿Cuántos de los multados poseen bienes embargables?

Las multas no se imponen en el acto por los agentes de la autoridad. Éstos denuncian los hechos que acabarán o no con dicha sanción. Su tramitación no siempre es sencilla, aunque solo sea por la dificultad de las notificaciones. Y si se trata de un extranjero, éste regresa a su país sin el menor riesgo de que le ocurra algo por sus tres o cuatro días de fiesta en la capital de España o en Barcelona.

Estamos hablando de unas 100.000 muertes, la tercera parte, si no la mitad, de las que nos costó la Guerra Civil. Cabe lamentar que el legislador español no haya elevado a la categoría de delito algunas de las más graves infracciones que hoy solo tienen carácter administrativo. Su complemento habría sido la regulación de juicios rápidos (rápidos de verdad y no sólo por denominación). Si así se hubiera hecho, algunos de estos individuos podrían ser detenidos y hasta sufrir prisión provisional por riesgo de fuga.

En otro orden de cosas conviene reproducir el artículo 18.2 de la Constitución: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito“.

Ninguna ley, orgánica u ordinaria, puede infringir tal disposición. Y menos, claro está, un reglamento, una circular o una instrucción.