Eutanasia y derecho a morir

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Soy de los que creen que vivir es un derecho de todo ser humano pero no un deber. Las obligaciones se tienen frente a alguien, pero el hecho de haber nacido no es suficiente para estar obligado a seguir viviendo por un compromiso social o decisión unilateral de quienes piensen de manera distinta. El comienzo de la vida no depende de la voluntad del nuevo ser, pero sí el adelantamiento voluntario de su fin. Naturalmente, a salvo siempre las concepciones religiosas, que aunque muy respetables, no vinculan al prójimo.

No es la primera vez que me expreso así en una columna de este diario, a vuelapluma y sin ánimo de polémica. Esta posición de partida no implica, sin embargo, que celebre sin reservas nuestra ley de eutanasia. Las razones son varias. En primer lugar, ha habido demasiadas prisas en su tramitación y ha faltado el amplio debate público que la cuestión merece. Y en segundo término, no me parece oportuno aprobar precisamente ahora una ley de eutanasia coincidiendo con la muerte masiva de personas mayores a causa del coronavirus.

Encuentro, además, un tercer motivo de crítica por no haber un impulso igual o superior respecto a los cuidados paliativos, más acordes con la profesión médica que esta especie de suicidio asistido o cooperación al mismo. El que alguien decida acabar con su vida en determinados supuestos o confiar su ejecución a un tercero, sea éste un allegado o la sanidad pública, depende de múltiples circunstancias y, lógicamente, la existencia de unos buenos cuidados paliativos serán, en su caso, un factor esencial para decantarse o no por la muerte. Se diría que hay menos dinero para prolongar la vida que para acabarla.

En resumen, la Administración añade a sus numerosas prestaciones la de terminar con la vida de quienes no pueden hacerlo personalmente, pero sólo si ella da el visto bueno a los motivos de su decisión (o la de quienes suplan sus carencias mentales), comprobando, valorando y aplicando (implementando, como se dice ahora) los supuestos legales de enfermedad terminal, sufrimientos excesivos y otros similares.

Yo admito, como he dicho, las decisiones personalísimas sin necesidad de aprobaciones externas, lo que, sin embargo, no está en contradicción con cuanto se haga para evitar la toma de decisiones irrevocables en momentos depresivos o de crisis transitoria. Lo difícil es encontrar el punto de equilibrio, pero el “taedium vitae” de los romanos sigue estando presente en nuestras vidas. Por último, calificar estas muertes como naturales me parece que no depende del legislador.

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