Cogobernanza, corresponsabilidad e impunidad en tiempos del coronavirus

En la lucha contra el coronavirus hay cogobernanza entre el gobierno de España y el de la correspondiente Comunidad Autónoma. El vocablo no suena bien pero, al margen de escrúpulos estilísticos, lo remarcable es que no siempre sabemos cómo se reparte el “co”, lo que dificulta la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades.

Se repiten machaconamente las llamadas a la responsabilidad ciudadana, individual y colectiva, respecto a las medidas que la autoridad considera necesarias para combatir una pandemia cuyo número de víctimas mortales en España se calcula ya en unas 80.000 , con cifras diarias de 300 a 700 en esta tercera ola. Resulta, sin embargo, que los cogobernantes tienen también sus propias responsabilidades y éstas cobran especial relieve cuando los ciudadanos no responden adecuadamente.

La renuncia a ejercer las propias competencias administrativas, confiando íntegramente en el ciudadano, no se da, por ejemplo, en la circulación rodada. Aunque los conductores conozcan lo que deben hacer, no todos respetan las reglas y señales de tráfico, por lo que se recurre tanto a las sanciones administrativas como, en los supuestos más relevantes, a penas que pueden llevar a la cárcel. Y aquí radica uno de los puntos más conflictivos en nuestra campaña contra la pandemia. Conductas que pueden traducirse en miles o decenas de miles de muertos quedan impunes en la práctica. Se hace como si se hiciera, pero poco más.

El cobro de las multas administrativas deviene imposible en caso de insolvencia pero, a diferencia de lo que ocurre con las multas penales, no cabe sustituirlas entonces por una prisión o arresto sustitutorio. Habría que convertir en delitos las más graves infracciones administrativas en esta materia, puesto que, como se lee en el artículo 25.3 de la Constitución, “la Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad”.

Lógicamente, no proponemos la prisión para todo el que no lleve bien puesta la mascarilla, pero sí (aunque sólo sea como posibilidad extrema) para quien organiza o participa en reuniones multitudinarias sin medida alguna de protección. Esas conductas no se encuentran tipificadas hoy entre los delitos contra la salud pública. Nuestro Código Penal, como guinda comparativa, sí que castiga con prisión de uno a tres años todo robo con fuerza en las cosas, incluido el salto de la tapia de un corral para robar una gallina.