Fiscales de Instrucción

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No es nueva la idea de sustituir a nuestros jueces de instrucción por fiscales en la fase previa de las causas penales. Esa primera actividad, anterior al juicio, si es que a él se llega, no pertenece al ejercicio de la potestad jurisdiccional “juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”, como se lee en el artículo 117.3 de la Constitución. Ciertamente, el apartado 4 señala que los jueces y magistrados pueden ejercer también otras funciones siempre que así lo disponga la ley “en garantía de cualquier derecho”.

En resumen, mantener o no la figura del juez de instrucción depende exclusivamente de la ley, por lo que la reforma tiene luz verde para llegar a buen puerto. Los legisladores decidirán sobre el fondo y sobre la tramitación que proceda, bien como ley ordinaria, bien como ley orgánica, al menos para los preceptos que afecten a los derechos fundamentales de la persona.

Pero no son esas las cuestiones que pretende abordar este artículo, como tampoco lo son las dificultades para redefinir las correspondientes plantillas y evitar la coexistencia temporal de los sistemas paralelos con la consiguiente repercusión en una administración de justicia que ya hoy sufre considerables retrasos. Conviene que no se nos olvide: justicia tardía no es justicia.

La gran pregunta es si el cambio reforzará o no nuestro Estado de Derecho, porque cada país tiene sus particularidades y el hecho evidente de que la instrucción por el fiscal sea la regla en la mayoría de los países de nuestro entorno no significa ni que eso sea lo mejor para nosotros ni que el desarrollo correcto del nuevo sistema no tropiece con el nombramiento de Fiscal General -el único, pues todos los restantes actúan por delegación- conforme al artículo 124.4 de nuestra Carta Maga: “Será nombrado por El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo del Poder Judicial”. Todo muy explícito y concluyente. Ninguna remisión a lo que se disponga en Ley Orgánica, a diferencia de lo que ocurre con los vocales del CGPJ en el artículo 122.3.

Los jueces de instrucción son independientes, también frente al Ejecutivo, pero el Fiscal General no, pues éste lo nombra y cesa discrecionalmente. Ni el parecer del CGPJ es vinculante ni suele ir más allá de dar por acreditada la preparación jurídica del candidato. Es curioso que la Constitución no requiera siquiera que éste sea licenciado en derecho. Son deficiencias que saltan a la vista, pero cuya corrección pasa por una reforma constitucional según el procedimiento relativamente sencillo del artículo 167.

La clave de bóveda en el nuevo sistema es un Fiscal General verdaderamente al margen, tanto en su función como en su imagen, de todo activismo político. Hay que pensar en los casos de corrupción en las, por decirlo así, altas esferas. Y recordar que el ejercicio de la acción popular, a la que se han debido muy significativas condenas en el pasado, sufriría al mismo tiempo muchos recortes con la buena intención de evitar la judicialización de la política.

Capítulo aparte merecería la regulación de los nuevos jueces que sólo intervendrán cuando la instrucción fiscal afecte a los derechos fundamentales, puntualmente y sin conocer las diligencias tan bien como si las llevasen ellos mismos. ¿Cuántos serán? ¿Cuál será su ámbito territorial?

Pero como estamos casi en Navidades y uno quiere lo mejor para los suyos, y para los demás, quisiera despedirme con un resabio religioso y taurino: ¡Que Dios reparta suerte!

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