El acercamiento de terroristas etarras al País Vasco

Vaya una referencia previa a la ley del talión, de tantas resonancias bíblicas. La pena de muerte para los asesinos, sobre todo si en el hecho concurrieran determinadas circunstancias agravantes, nos ha acompañado desde el principio de los tiempos. Sigue siendo aplicada en los democráticos Estados Unidos y en la República Popular China, su antítesis política. Cuenta también con el respaldo de la inmensa mayoría de los doctores de la Iglesia. Recuérdese la doctrina de la amputación del miembro gangrenado para salvar al enfermo. Nos vendrían bien algo más de memoria y algo menos de petulancia. Las penas de muerte fueron práctica habitual de la inquisición hasta el siglo XIX y de todos los países del bloque soviético hasta ayer mismo.

Pero las quejas de las víctimas directas o indirectas del terrorismo etarra no van por ahí. Ahora, a propósito del progresivo acercamiento de asesinos terroristas al País Vasco, las protestas suelen alegar que ya quisieran las familias de los asesinados poder visitarlos, vivos naturalmente, aunque tuvieran que viajar al otro extremo del planeta. Tampoco es fácil cerrar los ojos por una reacción similar frente al aumento de traslados a las provincias próximas a sus lugares de origen.

Recomendable es, por lo tanto, abandonar el terreno de las elucubraciones y entrar en el de la legislación española, exponiendo las razones por las que hemos llegado a esta situación, o sea a la dispersión de éstos condenados por toda España, con preferencia en Herrera de la Mancha y las Islas Canarias. La cuestión merece una reconsideración estrictamente jurídica.

Gran parte de los escándalos que suscitan las prematuras puestas en libertad de sangrientos asesinos terroristas se hubieran evitado con la supresión en su momento de la redención de penas por el trabajo, que permitía aminorar las condenas en un día por cada dos de trabajo más o menos real. Pero no se hizo, y cuando lo asesinos empezaron a salir a la calle a los catorce o dieciséis años, porque tampoco se contaba con la prisión permanente o perpetua, hubo que recurrir al torticero parche de la “doctrina Parot” en perjuicio retroactivo del reo. Hasta que el Tribunal de Estrasburgo corrigió su bendición por nuestros Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.

Respecto al acercamiento de estos presos al País Vasco, procede advertir de entrada que no se trata de ningún beneficio penitenciario en sentido estricto. Tales beneficios se recogen en el artículo 202 del vigente reglamento de 1996 y ninguna relación guardan con el lugar de cumplimiento de la pena.

El alejamiento del País Vasco puede justificarse tanto por razones de seguridad como para promover la resocialización del interno al dificultar sus ulteriores contactos con la banda terrorista, pero no cabe olvidar que implica, objetivamente, un endurecimiento de la pena en línea con las sanciones disciplinarias. Parece, pues, razonable prescindir de ese componente adicional de la pena tan pronto como desaparezca su motivación. Y esto, por mucho que nos duela, se debe a la pasividad del legislador español precisamente cuando eran mayores y más frecuentes los zarpazos del terror.