Estado de alarma: grupos, convivientes y domicilios

El artículo 18.2 de la Constitución, bajo la rúbrica “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, dentro de la Sección 1ª del Capítulo II, es de una encomiable claridad: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Y conforme al artículo 81.1 de nuestra Carta Magna todas las leyes que desarrollen tales derechos y libertades serán orgánicas, lo que en nuestro caso lleva a las previsiones del estado de alarma que, según el artículo 11 de la LO 4/1981, de 1 de junio, permite “limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos”. No hay ninguna mención expresa del domicilio.

El RD 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el nuevo estado de alarma, se ocupa en su artículo 7 de la “limitación de permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados”. Para empezar, “la permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes”. Pero a renglón seguido se lee también que “la permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes”. Lo que parece ser lo mismo en cuanto a la limitación numérica y los convivientes.

Es aquí, en relación con el domicilio y los convivientes donde se plantea el problema. El concepto de espacios de uso privado sólo es mucho más amplio que el del domicilio protegido en el artículo 118.2 de la Constitución. Ahora bien, la mención de los convivientes opera como un elemento perturbador en la exégesis del precepto.

Los convivientes pueden formar grupo, cualquiera que sea su número, tanto en espacios de uso público como en los de uso privado. Si convivientes son quienes comparten domicilio, cabe imaginar grupos de decenas de personas que conviven en internados, cuarteles, centros de formación y otros establecimientos, pudiendo producirse así un efecto probablemente no deseado.

Pero más importante que las anteriores observaciones es recordar que el estado de excepción contempla explícitamente en el artículo 17.1 de la LO 4/1981 la suspensión del artículo 18.2 de la Constitución, algo sin paralelo en el estado de alarma. Conviene señalar, por último, que no nos movemos en el ámbito delictivo sino en el de las infracciones administrativas (por muy elevadas que sean las multas imponibles). Y sin delito, no habrá ni delito continuado ni delito fragrante.

Como se nos anuncia un estado de alarma de larga duración, tiempo habrá de volver sobre los problemas que plantea su nueva declaración.