El Consejo General del Poder Judicial

GRAF9497. MADRID, 10/9/2018.- El Rey Felipe VI posa en la foto de familia, junto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes (7i), tras la ceremonia de apertura del Año Judicial, que ha tenido lugar hoy en la sede del Tribunal Supremo. EFE/Angel Díaz ***POOL*** |

La composición del Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de éste último, o sea de los jueces y magistrados que lo integran, es cuestión esencial en un Estado de Derecho con verdadera separación de Poderes, algo más que evidente cuando por eso de la judicialización de la política, y en particular los casos de corrupción, las incidencias de la jurisdicción penal pueden influir en el ánimo de los electores.

Seguramente, si los tribunales sólo se ocuparan del robo de gallinas, de las lesiones y demás manifestaciones de la delincuencia más ordinaria, el problema de la composición del CG no sería hoy objeto de controversia. Pero la criminalidad a la sombra o en los aledaños de la política, así como la proliferación de personas aforadas, sin parangón en Europa, dificultan un consenso definitivo y pacífico.

El artículo 122.3 de la Constitución bien pudiera haber sido más claro. Véase su referencia a los veinte vocales del Consejo:

“De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

La LO 1/1980 del Consejo entendió, correctamente en mi opinión, que los doce miembros de procedencia judicial quedaban al margen del Congreso y del Senado, que sólo intervendrían en la propuesta al Rey de los otros ocho. Sin embargo, cinco años más tarde la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial consideró que la literalidad del precepto constitucional no excluía la posibilidad de que en su desarrollo orgánico también la propuesta de aquellos doce consejeros se atribuyera por partes iguales al Congreso y al Senado.

El Tribunal Constitucional avaló la reforma en su Sentencia 108/1986, haciendo sin embargo algunas importantes observaciones. Así, la de que el anterior sistema se ajustaba mejor al mandato constitucional y, de otro lado, advirtiendo sobre el peligro de trasladar al Consejo General del Poder Judicial “el mapa de mayorías parlamentarias”. La historia del Consejo desde entonces revela hasta qué punto se ha tenido en cuenta la segunda indicación.

La promesa del Partido Popular para volver al régimen de la LO 1/1980 fue rota cuando aquel pudo formar gobierno con mayoría absoluta en ambas Cámaras. Hubo algún retoque legal sobre intervención de los jueces y magistrados en una fase previa, pero conservándose íntegra la competencia de las Cortes Generales para elaborar las propuestas que luego firmaría Su Majestad el Rey.

Y así llegamos a hoy, cuando el CGPJ lleva más de dos años sin renovarse, lo que desgraciadamente no es una novedad ni mucho menos. La renovación completa de una sola vez, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, se presta a que estas situaciones sean especialmente enojosas cuando varía la composición del Parlamento. Naturalmente, el desbloqueo se facilita si el requisito de la mayoría cualificada se sustituye por el de la mayoría absoluta, pero tal solución no es muy acertada en términos de independencia judicial. La reacción a la iniciativa del gobierno ha tropezado con mucho más rechazo del que se esperaba, y no sólo por parte de la judicatura. También la Unión Europea parece ver con preocupación lo que con este problema sucede en Polonia y Hungría.

En lo que a mi atañe hago votos para que se llegue a desbloquear la situación conforme al sistema todavía vigente, lo que no significa el abandono de la posición consistente en que los jueces y magistrados elijan directa e individualmente a los doce vocales de procedencia judicial.