El consenso sobre la Corona y los privilegios personales del Rey

Juan Carlos I

De crisis constituyente habló el Ministro de Justicia, si bien luego rectificara por eso del malentendido y del contexto. Pero la verdad es que se entendió perfectamente lo que quería decir, y dijo, con mayor o menor fortuna. No tengo inconveniente en admitir que una reforma constitucional a medio plazo – o a corto o a largo como gustan decir los políticos- no puede orillar la cuestión básica de la Jefatura del Estado, conformada actualmente como corresponde a una monarquía parlamentaria.

A la muerte de Franco no hubo un referéndum para elegir entre Monarquía y República, a diferencia de lo ocurrido en Italia al terminar la segunda guerra mundial. La Corona se nos presentó como parte de una oferta global que no permitía aceptaciones parciales. Lo principal era la restauración democrática y, al menos en relación con el 23-F, se diría que sin la figura del Rey las cosas habrían sido más difíciles. Juan Carlos I ostentaba el mando supremo de las Fuerzas Armadas, según el artículo 62 de la Constitución, y contaba con el firme respaldo del ejército. Recuérdese además el hoy olvidado testamento militar de Franco, pidiendo a sus ejércitos la misma fidelidad que habría disfrutado él.

Aunque en líneas generales, como el año 31, los conservadores fueran monárquicos mientras que el republicanismo gozaba de más predicamento entre las izquierdas, llegó un momento en el que las diferencias sobre la jefatura del Estado pasó a un segundo término. Hoy, sin embargo, el panorama ha cambiado bastante. Hay nuevas generaciones que quisieran ser consultadas sobre la cuestión, lejos ya, añaden, de las presiones de unos poderes fácticos marcados por el régimen anterior. La imagen del Rey Juan Carlos I, y con ella la de la institución monárquica, ha experimentado un evidente deterioro por razones que no es preciso enumerar. El independentismo catalán ha hecho de la República su principal seña de identidad. Y en el Gobierno se sientan miembros de un partido que insiste en desacreditar a la monarquía española como institución antidemocrática.

Pero, amén de aquellos incondicionales antimonárquicos por convicción, de un lado, y de los partidarios de mantener sin modificación alguna la regulación de la Corona en nuestra Ley Fundamental, de otro, existe en España una tercera posición que pudiera servir de punto de encuentro para, mediante la oportuna reforma constitucional, modernizar nuestra Monarquía, aumentando así su respaldo popular. Creo que somos muchos los que consideramos excesivas la inviolabilidad y la irresponsabilidad absolutas de la persona del Rey conforme al artículo 56.3 de la Constitución.

La igualdad ante la ley, la centralidad y el simple decoro institucional son compatibles con los aforamientos y otras garantías, pero no con esta última versión de sacralidad obsoleta. Aquí no interesa tanto la conducta del Rey Emérito como el articular un proceso para el enjuiciamiento de unos posibles delitos que, quizá, no guarden relación alguna con las competencias reales que el gobierno o los ministros refrendan. Estas responsabilidades no tienen por qué demorarse hasta una abdicación.

En otro orden de cosas, tampoco vendría mal una cierta labor de revisión general en el articulado de un texto constitucional con más de cuarenta años a sus espaldas.

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