La Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo

Tribunal Supremo

Llevamos años durante los que las competencias del Fiscal en la jurisdicción penal han ido ganando terreno, a veces con el respaldo expreso del BOE pero otras por una praxis a la que no es ajena la opinión, parece que mayoritaria, de nuestros juristas, partidarios de sustituir en un futuro próximo a los jueces de instrucción por los fiscales. Yo me cuento entre los que consideran que mejor será confiar la instrucción a unos jueces caracterizados por su independencia que a unos funcionarios dependientes de un Fiscal General nombrado por el Gobierno. A no ser, claro está, que la reforma quede en un cambio de etiquetas si, por ejemplo, la obediencia jerárquica pasara a un segundo término.

Antes, las denuncias llegaban pronto al juzgado y se abría el correspondiente sumario “bajo la inspección del fiscal” en los delitos públicos. Ahora, por el contrario, las diligencias en sede fiscal suelen prolongarse años si de corrupciones o delitos económicos se trata. Así se reduce la carga judicial pero a costa de disminuir las garantías de independencia de quien, en definitiva, está investigando el delito como eslabón intermedio entre la policía judicial y el juez.

Es obvio que cuanto antes se confíe la instrucción penal a los fiscales, si así lo decide el legislador, tanto mejor. En todo caso, incluso anticipándose a este cambio, no estaría de más preocuparse de los problemas que los aforamientos plantean en una Sala II del Tribunal Supremo concebida para enjuiciar pero no para instruir sumarios. Hay que nombrar un instructor caso por caso, lo que se compadece mal con su plantilla y la celebración de vistas. Puede ocurrir, además, y así sucedió con el escándalo de Filesa y compañía, que el magistrado designado, magnífico catedrático de derecho penal, no haya incoado un sumario en toda su vida, puesto que accedió al alto tribunal por el turno de juristas de reconocida competencia.

Nada tengo que objetar a que la Fiscal General del Estado haya encomendado a la Fiscalía del Tribunal Supremo la investigación sobre la participación del Rey Juan Carlos I en el cobro de comisiones por la adjudicación del AVE entre Medina y la Meca a un consorcio español. Como nada he de decir sobre la solidez de los indicios o meras sospechas que puedan existir respecto a personas concretas. Naturalmente, el tema de la inviolabilidad e irresponsabilidad reales, más o menos condicionadas, no cabe en esta columna. Tampoco es el momento de exponer mis opiniones sobre cuestión tan delicada.

Sólo quiero llamar la atención sobre algunos mejorables aspectos de nuestro enjuiciamiento criminal que hoy son todavía más evidentes que ayer.

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