Réquiem por el Juez de Instrucción

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El juez de instrucción ha sido una pieza básica de nuestro proceso penal hasta el día de hoy. Consagrado por la todavía vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, no cabe hacerle reproche alguno desde el punto de vista de la Constitución Española de 1978. Aunque el artículo 117 de nuestra Carta Magna solo encomiende a jueces y tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, acepta a renglón seguido que pueda ejercer otras funciones que le sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. La función del juez instructor en interés de todos los implicados en un proceso penal, empezando por los sospechosos, investigados o procesados, sería un ejemplo relevante de esta última previsión.

Cuestión distinta es que las competencias del juez de instrucción y en particular las diligencias preparatorias para la apertura del juicio contra los acusados sean ejercidas por el fiscal en los países de nuestro entorno. Como lo es que, ya en España, el fiscal ha sustituido al juez de instrucción en los procesos penales que regula la Ley del Menor. No es la primera vez que se pretende ampliar ese cambio a todos nuestros procesos penales, pero todo indica que en esta ocasión la suerte está definitivamente echada. Eso sí, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habrá de ir acompañada por muchas medidas complementarias para garantizar su independencia, especialmente frente a las siempre peligrosas intromisiones políticas.

La operación tendrá que solventar también graves problemas de plantilla, así como de relación de los fiscales con el nuevo juez de garantías constitucionales cuya autorización habrá de recabar para la práctica de aquellas pruebas que afecten a los derechos fundamentales. Cada país legisla conforme a sus propias circunstancias. No basta con decir que el fiscal instructor es lo normal en Europa, sino que es indispensable regularlo en España de modo que no se pierda la independencia personal e institucional de la que tradicionalmente han gozado nuestros jueces de instrucción. Me refiero particularmente al estatuto pertinente en un sistema jerárquico cuyos funcionarios actúan por delegación de un Fiscal General nombrado por el Gobierno.

Nadie pretende que la gran reforma quede en algo así como un cambio de etiquetas, pero tampoco resulta satisfactorio mantener la presente regulación. Los magistrados de la cúpula judicial son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, creado expresamente para garantizar la independencia de nuestros órganos y titulares jurisdiccionales. Y, aunque algo de politización haya en el propio Consejo por el sistema de nombramiento de los vocales, es obvio que la designación del Fiscal General por el Gobierno aparecerá siempre como más proclive a la politización.

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