A vueltas con el derecho a morir

eutanasia

No es la primera vez que me ocupo en esta columna semanal del derecho a la vida. Así lo hice el 12 de junio del año pasado con la advertencia de que la eutanasia, entendida como muerte digna y dulce para enfermos terminales, incurables o que sufran grandes padecimientos, sólo abordaba una parte del problema que suscita la libre disponibilidad sobre la propia vida en todo momento y sin cortapisas de ningún género. Ya entonces me expresé a favor de este derecho irrenunciable y en último término incondicional, opinión compartida sin duda por muchos de quienes prefieren limitarse por ahora a defender la eutanasia en la legislación española.

Una gran novedad en esta materia es que el prestigioso Tribunal Constitucional alemán acaba de dictar una transcendental sentencia que reconoce el repetido derecho con el sencillo pero contundente argumento de que, según el artículo 1 de la Constitución de aquella República Federal, la dignidad del hombre es inviolable (como proclama también el artículo 10 de nuestra Carta Magna). No son pocos los alemanes que acuden a determinadas clínicas suizas para poner fin dignamente a sus vidas, de modo que dos instituciones alemanas, Dignitas y Sterbehilfe Deutschland, pretendían seguir en su país el ejemplo helvético. Se tropezaba para ello, particularmente, con el nuevo artículo 217 del Código Penal alemán, una novedad del año 2015 tipificando como delito la ayuda profesional o comercial (“geschäftsmäßig”) a quienes han optado por la muerte. El Tribunal Constitucional alemán reconoce la buena intención de la reforma legal, pero la anula por su inconstitucionalidad.

En su comparecencia pública del miércoles 19 de febrero, hace quince días, el presidente del Tribunal Constitucional Voßkuhle resumió la sentencia y subrayó sus más interesantes consideraciones. El derecho personal a la propia muerte no se agota en los supuestos de enfermedad incurable o similares ni excluye la posibilidad de solicitar o pedir ayuda a terceros, aunque ello no implique la obligación de prestarla, algo especialmente sensible en el ámbito médico. Cabe legislar para prevenir decisiones escasamente meditadas, pero respetando siempre la autodeterminación de la persona individual.

Como era de esperar, la sentencia ha suscitado reacciones encontradas. Las iglesias católica y evangélica, así como amplios sectores de la medicina, han manifestado su disgusto, pero los aplausos han sido quizá más nutridos de lo que se esperaba. El derecho a quitarse la vida sería consecuencia obligada del derecho a la propia personalidad. El estado no sería soberano para autorizar o no nuestra muerte, pasando por encima de nuestro personalísimo derecho de autodeterminación. Y hay, naturalmente, posiciones intermedias que exigen al menos, como ocurre en el aborto, una previa información o trámite para evitar decisiones apresuradas.

Basta añadir que todo lo aquí dicho lo es con el máximo respeto a las convicciones religiosas de cada persona. Algo perfectamente compatible con la solución que se adopte para resolver el problema básico. Si se llega a la vida sin contar con nuestra voluntad, no parece exagerado poder abandonarla si así se desea.

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