Derecho Penitenciario: la Ley y el Reglamento

Los jueces preconstitucionales nos quejábamos de que nunca sabíamos de verdad en qué quedarían las penas que imponíamos. Así, la redención de penas por el trabajo podía reducirlas en más de un tercio ,sumando la ordinaria y la extraordinaria, aunque no en todas las prisiones, ni mucho menos, se ofreciera al reo ocupación laboral alguna. Entonces el trabajo era una entelequia o engañifa para evitar discriminaciones. Había jardineros sin jardín (o se trabaja ayudando a misa). Luego venían las clasificaciones y regímenes puramente administrativos y la libertad condicional.

Las esperanzas quedaron fallidas en buena parte cuando el contenido efectivo de la pena se supeditó en demasía al logro de una deseable resocialización que, prevista en el artículo 25.2 de la Constitución, pero no como razón única de la pena, se convirtió para toda una escuela de penitenciaristas en su finalidad exclusiva. Aunque el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reiterado machaconamente que la resocialización no excluye los tradicionales componentes de retribución y prevención general y especial de las penas, nos resistimos a ver la realidad de que hay delincuentes que o no la necesitan o son absolutamente reacios a la misma. No es lo mismo reinsertar con una buena formación laboral a quién delinquió porque nadie le había enseñado a ganarse honradamente el sustento (el desgraciado de toda la vida) que pretender hacerlo (¿cómo?) con el delincuente de cuello blanco o por convicción.

Desgraciadamente, la prisión no es el mejor lugar para reinsertar a nadie, pero en tanto algunos delitos no permitan prescindir de ella, quizá sea mejor reducir todo lo posible la duración de la pena que mantener sobre el papel un tiempo ficticio, con profusión de permisos y situaciones fácticas mucho más próximas a la libertad que al encarcelamiento. A veces solo se va a la cárcel para dormir (¡resocialización durante el sueño!) , si es que no se ha alcanzado aún la libertad condicional o suspensión del resto de la pena. Nuestro ordenamiento penitenciario permite que un condenado a centenares de años de prisión disfrute del tercer grado penitenciario, con el consiguiente régimen de semilibertad, a los pocos meses de su entrada en la cárcel, siempre que, claro está, así conviniere para su tratamiento resocializador.

Pero es que, con independencia ya de los defectos que pueda presentar nuestro sistema de individualización científica de la pena, según el pretencioso calificativo de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria, nos encontramos de nuevo con un reglamento que, a favor del reo, ni siquiera se ajusta a la ley. Es lo que ocurre con los artículos 100.2 y 117 del Reglamento Penitenciario de 1996 (recuérdese el problema de los presos etarras). La Ley Orgánica General Penitenciaria reserva el régimen de semilibertad para los internos clasificados en tercer grado, pero ahora, por la puerta trasera, también los clasificados en segundo grado pueden obtener un régimen similar al de semilibertad “combinando aspectos característicos del segundo y tercer grado, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento”.

Si a lo anterior sumamos la escasa importancia de la acción popular en este ámbito, el protagonismo casi exclusivo del propio reo o del fiscal para interponer recursos y las transferencias penitenciarias a una Administración donde los lazos amarillos son seña de identidad, habrá de reconocerse que hoy nuestro sistema penitenciario dista mucho de responder a las esperanzas suscitadas en su día.