La reforma del delito de sedición

Estas líneas se escriben atendiendo más a consideraciones de técnica jurídica que a planteamientos políticos, incluidos los de política criminal. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado la modificación del delito de sedición dentro de una amplia reforma de nuestro Código Penal, lo que viene a reforzar la triste opinión que merece el vigente texto de 1985, publicitado en su día como ejemplo a seguir por todos los ordenamientos democráticos del siglo XXI. Desgraciadamente, los bellos pronósticos se han revelado como mera ensoñación – ¿les suena el vocablo? – de sus autores.

En pocos años hemos modificado en decenas de leyes orgánicas algo así como centenares de sus artículos, algunos de ellos varias veces, con los problemas que ello acarrea en cuanto a su aplicación retroactiva y revisión de sentencias a favor del reo. Resulta, además, que algunos de los cambios respecto al Código anterior se revelan como desafortunados tan pronto como aplicamos por primera vez el nuevo precepto. Es lo que ocurre ahora con el delito de sedición. No podemos disimular las malformaciones de la criatura.

Esto es, exactamente, lo ocurrido con el delito de sedición, que antes se había recogido en nuestros Códigos a continuación de la rebelión, como una figura similar pero menos grave. La sedición fue objeto de un tratamiento muy distinto y, según ha podido comprobarse, poco feliz por el legislador de 1985, siempre a espaldas de la Comisión General de Codificación. La rebelión se ubica actualmente en el artículo 472 del nuevo Código Penal, entre los delitos contra la Constitución, mientras que la sedición del artículo 544 sólo es un delito contra el orden público.

Por lo demás, se conserva la exigencia del alzamiento público y tumultuario, si bien la descripción de su finalidad típica varíe notablemente, de modo que la interpretación del precepto presenta hoy más dificultades que nunca. Sobre todo cuando se indica, por primera vez en nuestra codificación, que son reos de sedición “los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.

Se produce así un cierto solapamiento en las dos conductas delictivas. La previsión 5ª del artículo 482 es “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”, algo que se convierte en rebelión si al alzamiento público y tumultuario se suma la violencia instrumental.

Las penas más graves imponibles a los “cabecillas” de la sedición constituidos en autoridad, así como en otros supuestos especiales, son hoy de prisión entre diez y quince años, inferiores a las del Código de 1973 (tras la ley orgánica 8/1983), pero también a las previstas en el artículo 246 del Código Penal de 1932, el de nuestra Segunda República. Hago gracia al lector del derecho comparado, donde la figura correspondiente se castiga en ocasiones con la pena de prisión perpetua.

Sería un error promover con prisas una reforma legislativa que, por muy puntual que se pretendiese, podría tener importantes repercusiones en otros artículos del Código. Tampoco es recomendable cambiar las leyes pensando en casos concretos. Y por lo que hace a los sucesos de Cataluña, el Tribunal Supremo no sólo ha condenado por sedición, sino también por malversación y las correspondientes inhabilitaciones en ambos supuestos.