Consultas populares por vía de referéndum

Aunque los vocablos “consulta” y “referéndum” no sean sinónimos, en las siguientes líneas nos atendremos a los términos de nuestra Constitución. Ésta, en su artículo 92.1, dentro del capítulo sobre elaboración de las leyes, se refiere al “referéndum consultivo” de todos los españoles en las decisiones políticas de especial trascendencia, mientras que en su artículo 148.1. 32ª, dentro del capítulo dedicado a las Comunidades Autónomas, afirma la competencia exclusiva del Estado en lo que concierne a “la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum”. Y en una previsión común, válida igualmente para el referéndum en los Estatutos de Autonomía y para los de reforma constitucional, el artículo 62 c) de nuestra Carta Magna enumera entre las competencias del Rey “convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución”.

No es este el momento de profundizar acerca de hasta qué punto el concepto de referéndum en la Constitución española incluye (o al revés, impide) cualquier tipo de consulta que, al margen de las instituciones y sin efecto jurídico alguno, permita conocer la voluntad de toda la población española o de una parte de la misma en una determinada cuestión. Creo, no obstante, que en una democracia sin apellidos el respeto al ordenamiento jurídico vigente, que exige el seguimiento de ciertos trámites para una posible reforma de la Constitución a favor de la autodeterminación de todas o algunas de las actuales Comunidades Autónomas, es perfectamente compatible con el conocimiento previo de cual sea el respaldo popular de la iniciativa. El que la celebración de esta especie de encuesta oficial sea o no políticamente aconsejable poco tiene que ver con su viabilidad constitucional.

El problema del referéndum-consulta en Cataluña, que ha pasado desde el pretendido derecho a poder pronunciarse unilateralmente sobre su separación del Reino de España al de proclamar la secesión misma, había tropezado hasta ahora, amén de con serias reservas jurídicas, con muy respetables consideraciones políticas conforme a las circunstancias e ideologías imperantes en cada momento histórico.

Las objeciones jurídicas referentes a la consulta-referéndum en Cataluña de escaso interés serán si el Gobierno presta su autorización. El artículo 12 de la LO 2/1980, de 18 de enero, reguladora de las distintas modalidades de referéndum, tras afirmar que la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalidades es competencia exclusiva del Estado, añade que “la autorización será acordada por el Gobierno a propuesta de su Presidente, salvo en el caso de que esté reservado por la Constitución al Congreso de los Diputados”, supuesto éste último que no viene a colación en el presente caso.

Si se buscan puntos de encuentro entre el nuevo Gobierno de España y los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (u otras formaciones proclives al separatismo radical), cabe que en un futuro no muy lejano veamos en esta materia algún acuerdo que, admisible para ambas partes, permitiera hacerse ilusiones sobre un distendido futuro de Cataluña dentro de España.