La sentencia del procés, el indulto y la amnistía

La crítica a las condenas en la sentencia del procés responde en general a una motivación política pero también cabe discrepar desde un punto de vista estrictamente jurídico. Ni siquiera la presumible última palabra del TDH de Estrasburgo, tras el previo pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional pondría fin a un debate doctrinal tan complejo como el planteado por el independentismo radical y unilateral en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Cada cosa tiene, sin embargo, su tiempo y ahora parece que entramos en el de la discutida aplicación de medidas de gracia a los penados por los delitos de sedición y malversación. Se trata de un tema muy sensible para la sociedad española, de modo que no vendrán mal algunas consideraciones sobre el indulto y la amnistía en nuestro ordenamiento jurídico. Una información general, si se quiere, pues resulta muy improbable que una ley orgánica de amnistía reciba el apoyo de los dos tercios del Congreso que exige el artículo 81 de la Constitución.

El indulto se menciona expresamente en el art. 62 de la Constitución, que atribuye al Rey “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley, que no podrá utilizar indultos generales”. Ésta última prohibición vale para los indultos regulados todavía por una vieja Ley de 1970, pero no afecta a las amnistías que, siendo la otra modalidad tradicional del derecho de gracia, se sitúan en el ámbito del Poder Legislativo y no en el de los Reales Decretos del Gobierno.

De otro lado, ese distinto origen de dichas medidas de gracia no marca la única diferencia entre ambas, puesto que la amnistía va mucho más lejos que el indulto. Con ella se olvida – la raíz del vocablo es evidente – la realización misma de los hechos delictivos. Se cancelan los antecedentes penales y se disipa todo reproche futuro para apreciar una reincidencia. Además, y aunque no sea preceptivo, la amnistía suele dirigirse a un conjuntos más o menos numeroso de personas implicadas en actuaciones delictivas con alguna connotación política, mientras que el indulto tiene un carácter más individual.

El indulto se limita a dispensar del cumplimiento de todo o parte de alguna pena. Se diría que, en conclusión, nuestra Carta Magna no ha querido extraer la amnistía del quehacer regular legislativo, sino impedir que los indultos generales del Gobierno se asemejen demasiado a unas amnistías que exceden de sus competencias.

Los que niegan la existencia de la amnistía en el vigente ordenamiento jurídico español aducen que entre las causas de extinción de responsabilidad penal en el art. 130 del Código Penal de 1995 ya sólo se recoge el indulto, de forma que se silencia el indulto, previsto aún en al art. 112 del Código Penal de 1973 Ahora bien, tal argumento no es muy convincente. La referencia a esas causas ha variado mucho a lo largo de nuestra codificación penal y algunas otras, como la destipificación de la conducta enjuiciada, siguen estando ahí pese a no haber aparecido nunca en el correspondiente listado. A la amnistía continua refiriéndose en el art. 166 de nuestra Ley de enjuiciamiento Criminal.

Todo apunta a que mucho oiremos hablar de los indultos en los próximos meses, pero también de la casi olvidada amnistía que sus posibles beneficiarios han puesto sobre la mesa del debate político. Recuérdese por último que, contra una opinión muy generalizada, la concesión de un indulto no requiere petición o arrepentimiento del reo. El artículo 21 de la Ley del Indulto permite al Gobierno proceder de oficio, y las razones del indulto pueden ser tanto de equidad o justicia como de interés público.