La Política y los términos de la Justicia

Tal vez no haya verdaderos vasos comunicantes entre la Justicia y la Política, pero nadie podrá negar influencias recíprocas o interacciones, como se suele decir ahora. Para empezar, la presente crisis política tiene su origen en cuatro o seis palabras de una sentencia mencionando la corrupción de un Partido Popular que no era siquiera parte en aquella causa. Hoy toca, sin embargo, abordar otro tema: el de hasta qué punto debe alterarse el ritmo de la jurisdicción penal por motivos políticos, incluida aquí la publicación de las resoluciones judiciales. Mi respuesta es, absolutamente contraria a tal repercusión.

Los artículos 197, siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son muy claros al señalar que las resoluciones de jueces, tribunales y secretarios judiciales (actualmente letrados del Ministerio de Justicia) se dictarán y practicarán dentro de los términos previstos para cada una de ellas, bien entendido que cuando aquel no se fije ha de actuarse sin dilación. Estas disposiciones son compatibles, por ejemplo, con la ampliación del plazo para dictar alguna sentencia como la de los “ERES” andaluces, pero sólo si se atiende en exclusiva a las necesidades de la propia Administración de Justicia.

No es ese el caso cuando únicamente se intenta evitar el impacto de la resolución judicial en un determinado momento político. Ni un procesamiento, una prisión provisional o la celebración de un juicio han de retrasarse (o adelantarse) con dicho argumento, ni una sentencia ya firmada ha de meterse en el congelador hasta que lleguen tiempos de bonanza política.

Pienso que quizá una buena parte de los juristas, jueces y magistrados no compartan mi opinión, pues he sido magistrado, también en el Tribunal Supremo, antes de columnista, es decir, cocinero antes que fraile. Ocurre, no obstante, que el retraso en la sentencia de los “ERES” tanto me ha replanteado la pregunta como me ha reafirmado en la respuesta negativa. Aunque nada tenga que objetar si la prórroga final para dictarla, retrasando su publicación hasta después de las últimas elecciones generales, lo fue por necesidades del servicio, mi rechazo seria frontal si, por el contrario, se hubiese querido ocultar a los votantes una información que podría influir en el sentido de su voto.