Al hilo del Procés: sobre el vaciado de las penas

El contenido punitivo de las penas de prisión depende tanto de su duración como del modo en que se cumplan. No es lo mismo estar en el establecimiento penitenciario todo el día, aunque haya alguna visita y algún permiso que otro, que ir a la cárcel sólo para dormir de vez en cuando. Es obvio que en el segundo caso, correspondiente al régimen abierto o de semilibertad que disfrutan los penados clasificados en tercer grado, la pena de prisión se reduce a poco menos que nada. Pueden ser preferibles 10 años en tercer grado y régimen abierto a uno meses con privación efectiva de libertad.

Ciertamente, según el artículo 25 de la Constitución estas penas se orientarán hacía la reeducación y reinserción social del reo, pero eso no significa que se prescinda por completo ni de lo que la pena tiene como castigo ni de los tradicionales fines de la misma en la prevención general y especial de los delitos. De ahí que en la clasificación del interno, determinante como se ha dicho para su tratamiento y régimen, haya que guardar un delicado equilibrio que, confiado en principio a las autoridades penitenciarias, se encuentra sometido a un cierto control del juez de vigilancia.

Digo lo de cierto control del juez de vigilancia porque él solo puede corregir, por ejemplo, la precipitada concesión de un tercer grado si hubiera recurso (del fiscal se supone). El problema de los condenados en el procés se complica por cuanto Cataluña tiene su propia Administración Penitenciaria, dependiente del Gobierno de los lazos amarillos, y porque la clasificación en tercer grado carece de todo requisito temporal sobre previo cumplimiento efectivo. O sea, que podríamos ver en fechas no muy lejanas cómo algún condenado a largos años de prisión disfruta del tercer grado demasiado pronto so pretexto de su pretendido avance en el camino resocializador.

Ignoro si hay algo regulado sobre qué personas deben cumplir las penas en Cataluña o en el resto de España. Teóricamente cabe atender a diversas razones, como el lugar de comisión del delito o de residencia habitual del reo, pero siempre se recomienda alejar al penado de su anterior entorno criminal. No creo que la transferencia de competencias penitenciaras al País Vasco hubiera implicado necesariamente que los etarras cumplieran allí sus penas y no en Herrera de la Mancha, el Puerto de Santa María o Canarias.

Pero volvamos a la preocupación porque en aras del tratamiento resocializador acabemos dejando sin un mínimo componente aflictivo la pena impuesta. Para contrarrestar ese peligro se exigió desde un primer momento - y continua exigiéndose - el cumplimiento de ciertos plazos para obtener una libertad condicional que se mantiene como cuarto y último grado de la clasificación penitenciaria.

En esa misma línea, fijando un período de seguridad, se ha situado la reciente previsión del artículo 36.2 del Código Penal tras la Ley Orgánica 5/2010, a cuyo tenor “cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años el juez o tribunal podrá acordar que la clasificación del condenado en tercer grado del tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena impuesta”. Contiene también ese mismo artículo una disposición específica para otros delitos, entre ellos los de terrorismo, en los que dicha limitación no es potestativa sino y legal y directamente imperativa. La cuestión es de particular relevancia para el cumplimento efectivo de, al menos, parte de las penas de mayor gravedad ahora impuestas, pero el Tribunal Supremo no lo ha visto así. Le ha bastado poco más de un folio, en su sentencia de 491, para razonar la inaplicación del precepto. Y, dicho con los debidos respetos, de forma no muy convincente. En mi opinión, se ha desaprovechado un instrumento de gran valor para cortar de raíz los posibles excesos de toda Administración Penitenciaria.