El delito de sedición en el futuro de Puigdemont

Una vez que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado de aplicar el delito de rebelión a los acusados por el mismo en el conocido como “juicio del procés”, parece razonable deducir que, caso de haberse sentado en el banquillo, el Sr. Puigdemont habría sido igualmente absuelto por el mismo. Puesto que no se le podrá juzgar mientras no se encuentre en España, bien por su voluntaria presencia, bien porque se conceda su extradición como posible responsable de un determinado delito (ahora nos interesaría el de sedición), vamos a comentar únicamente la nueva “orden nacional de detención y puesta a disposición, orden europea y entrega y orden internacional para el ejercicio de las acciones penales correspondientes “ despachada contra Puigdemont por el Juez Instructor en Auto del pasado del 14 de octubre.

En primer lugar, circunscribiéndonos a Bélgica como miembro de la Unión Europea y destinatario de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea, y atendiendo a las reclamaciones precedentes, debe destacarse que el Juez Llarena no ha reactivado su orden anterior, contra lo que suele afirmarse, sino que ha expedido otra nueva y con diferentes peticiones y fundamentos. La anterior se refería a la rebelión, porque se confió demasiado en que prosperara, y también porque así no habría acusaciones distintas, unas por rebelión y otras por sedición, según la persona implicada en unos mismos hechos hubiera sido detenida en España o hubiera logrado escapar.

La parte dispositiva de dicho Auto acuerda “dejar sin efecto la búsqueda y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales e internacionales de detención que se hubieran acordado” . No se especifican, sin embargo, los delitos por los que se expide la orden, mencionando únicamente “el ejercicio de las acciones correspondientes”. Hay que retroceder por ello hasta el FD 2º para concluir que ahora se trata “de un delito de sedición de los artículos 544 y 545 del Código Penal”, así como de otro de “malversación de fondos públicos del artículo 432 del Código Penal en relación con el artículo 252 del mismo texto legal”

El enjuiciamiento por rebelión habría decaído como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo respecto a otros protagonistas del procès. Ese fallo no afecta directamente a Puigdemont, ausente de aquel juicio, pero sí que sienta doctrina del Alto Tribunal en cuanto a la atipicidad de las conductas sin violencia instrumental para conseguir la declaración de independencia. Mejor hubiera sido, no obstante, optar por la mención expresa de la sedición (y la malversación) en la parte dispositiva, especialmente cuando la nueva orden sigue refiriéndose “al rebelde” para los países no pertenecientes a la Unión Europea. Y es que también en las formas resulta preferible pecar por exceso y no por defecto.

Creo, en resumen, que la entrega de Puigdemont por el delito de sedición puede correr mejor suerte que la interesada, en su día, por rebelión pero antes habrá que superar el escollo de la doble incriminación, porque tampoco la sedición está en el listado de delitos que quedan fuera de aquel principio.

Cabe lamentar, por último, el mayor o menor retraso en el envío de las preceptivas traducciones de la euroorden. Si se trataba de evitar la rápida fuga de Puigdemont a otro país desde el que su extradición sería más difícil, la diligencia nunca habría pecado de excesiva.