No hay rebelión sin violencia instrumental

La absolución por el delito de rebeldía en el juicio del procès no ha sido ninguna sorpresa para el autor de estas líneas. Hace años, desde los primeros autos del Juez instructor Llarena, ratificados por el propio Tribunal Supremo, y los primeros reveses en la orden europea de detención, que he venido exponiendo mis reservas acerca de que en estos hechos hubiera concurrido la violencia como elemento esencial de aquel delito. Entiéndaseme bien, me refiero a la violencia causal o medial para declarar la independencia.

El artículo 472 del Código Penal solo castiga como reos de rebelión a quienes “se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines” recogidos a continuación, entre ellos el ya indicado “de declarar la independencia de parte del territorio nacional”, sin olvidar tampoco el “derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”. No basta con el alzamiento público ni con episodios más o menos simultáneos de violencia, siempre que éstos carezcan de relevancia para la obtención de alguna de las finalidades detalladas en aquel precepto.

Violencia es violencia y no la amenaza de violencia (incluida expresamente, por ejemplo, en el Código Penal alemán, pero no en el español de 1995). De otro lado, el carácter instrumental de aquella en nuestra rebelión devalúa el argumento del que en todo caso debió ser prevista.

Nadie discute que durante el procés o al hilo del procés hubo episodios de violencia, especialmente contra la realización de una diligencia judicial en la Consejería de Economía, con daños a los coches policiales y obligando a la letrada de la Administración de Justicia a huir por una azotea, pero se trató de algo excepcional en un proceso separatista eminentemente pacífico. Recuérdense las manifestaciones de centenares de miles de personas sin que se rompiera ni un solo escaparate. Mal puede entenderse por ello que tales episodios se integrasen en un plan para el que no hacían falta. La independencia fue declarada , sin incidente violento alguno, en el propio Parlamento de la Comunidad Autónoma. De ahí que la acertada calificación jurídica de los hechos se encuentre más bien, como he sostenido siempre, en la sedición del artículo 544, un delito que ya no es contra la Constitución sino contra el Orden Público, según se proclama en las rubricas de los diferentes títulos en los que la rebelión y la sedición se ubican.

La condena por rebelión hubiera sido un punto muy vulnerable en los previsibles recursos ante el Tribunal Constitucional y en último término ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no estará de más reflexionar aquí sobre lo ocurrido en varios países que desestimaron nuestras órdenes europeas de detención alegando que las figuras correspondientes en sus ordenamientos jurídicos no castigaban como rebelión (o delito homologable con la misma) las conductas carentes de esa discutida violencia.

Lo que me sorprende, pero no demasiado, porque he trabajado en tribunales colectivos, incluido el Tribunal Supremo, a lo largo de muchos años, es la ausencia de votos particulares a favor de la rebelión. Yo mismo, que niego su concurrencia, he de aceptar la posibilidad de razonar en sentido contrario. Creo por ello que, vistos los precedentes, la unanimidad de los siete magistrados en rechazar dicho tipo penal no habrá sido fácil. Hay quien sostiene que en algunas sentencias la búsqueda de la unanimidad es muy relevante, pero yo considero que esa afirmación resulta más que discutible desde una perspectiva estrictamente judicial y, por ende, libre de otras consideraciones. Habrá que leer la sentencia tanto conforme a su tenor literal como, si se me permite, entre líneas

¿Y ahora qué? Pues así, a vuela pluma, se me ocurren algunas cuestiones. La primera es que al Poder Judicial le compete interpretar y aplicar las leyes sin dejarse influir por presiones ambientales, políticas o de otra clase. La división de poderes es la garantía de toda democracia. Cada uno debe responder por sí mismo, sin tratar de corregir las posibles insuficiencias de los otros dos. La segunda es que ahora los recursos ante el Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos Humanos se centrarán probablemente, más que en negar el delito de sedición, en la insuficiencia de pruebas respecto a la intervención de algunos de los condenados como responsables de la misma. Y la tercera, que se abre en un abanico de problemas, es la de la ejecución y cumplimiento de las penas.

La Comunidad Autónoma de Cataluña dispone de sus propios centros penitenciarios y, al menos en principio, los penados deben estar en cárceles próximas a sus domicilios, pero hay excepciones y así se ha buscado que los terroristas vascos estuvieran lejos del campo de cultivo de su actividad delictiva. ¿Cómo se intentaría siquiera la resocialización en instituciones próximas al independentismo radical y unilateral?. Y capítulo aparte merece la aplicación de un reglamento penitenciario con el que, hábil y torticeramente interpretado, el contenido materia o punitivo de la pena impuesta queda en muy poquita cosa.

Sepa el lector que no opino desde los sentimientos, sino como jurista. Algo similar me sucedió cuando, casi como voz en solitario, me posicioné en su día contra la doctrina Parot. Y para que nadie pueda acusarme de opinar a toro pasado, ahí va una relación de artículos que en este diario defendieron la misma posición :

No hay delito de rebelión sin violencia” (15-8-2017 ), “Sedición en Cataluña” (26-9-2017), “Sorpresas con la euroorden” (12-12-2017), “Cataluña:¿mantenemos el delito de rebelión” ? (10-4-2018), “Un respeto para los tribunales alemanes” (17-7-2018) “Rebelión y violencia” ( 31-10-2018) , y “La espuma del proceso” (27-2-2019).