Los límites de la Jurisdicción Penal

La función de los jueces, titulares de la jurisdicción y del poder judicial, es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, según se lee en el apartado 3 del artículo 117 de la Constitución. Pero los jueces de instrucción no hacen ni lo uno ni lo otro, por lo que su existencia sólo se justifica por la previsión de su apartado 4, a cuyo tenor a los juzgados y tribunales se les puede atribuir excepcionalmente otras competencias en garantía de cualquier derecho. Centrándonos en la jurisdicción penal, el referente obligado para la competencia de los jueces de instrucción es la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1982, todavía vigente pero con numerosas reformas. Y ahí lo que se confía a los jueces de instrucción es, como su propio nombre indica, la práctica de “las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”, conforme reza su artículo 299 sobre el contenido del sumario.

Los tribunales juzgan los posibles delitos ya cometidos, mientras los jueces de instrucción conducen la investigación preparatoria para que, en su caso y a la vista de los resultados, el fiscal u otra acusación puedan solicitar la celebración del juicio propiamente dicho. Con este sencillo planteamiento es obvio que la actuación del juez de instrucción ha de mantenerse dentro de los límites establecidos por el objeto del juicio: la posible comisión – en el pasado, se entiende – de un delito.

Al margen de los efectos que tengan las condenas para las prevenciones general y especial de la criminalidad, parece evidente que la función de los jueces penales, y en particular la de los jueces de instrucción, no se extiende a la previsión y evitación de futuros delitos, a salvo el catálogo de medidas cautelares legalmente regladas en supuestos concretos y en relación con un nuevo delito más o menos conectado con aquel del que se está conociendo.

El largo exordio se justifica para cuestionar algunas actuaciones judiciales, unas veces por iniciativa propia y otras en respuesta a consultas muy importantes para quienes las hacen pero difícilmente compatibles con el quehacer judicial. Vayan dos ejemplos. Uno es la prohibición de una manifestación ante el temor de que acabe siendo constitutiva de delito. A mi entender, esa presunción no sería por sí misma razón suficiente para invadir el terreno de la autoridad gubernativa. Otro, el de la llamada telefónica desde un hospital donde no saben cómo proceder ante la situación del niño cuya vida depende de una transfusión de sangre a la que sus padres, testigos de Jehová, se oponen.

El juez de instrucción no está para resolver tales cuestiones, y menos aún por la vía rápida y sin conocer todas las circunstancias del caso. Los jueces de instrucción no trabajan en una oficina de información previa sobre la que poder descargar responsabilidades ajenas.