Los indultos

Las leyes se promulgan para ser aplicadas o, mejor, para ser cumplidas, pues los dos verbos pueden no coincidir. Hay leyes cuyos preceptos no son imperativos, sino meramente potestativos, como sucede con el artículo 1 de la Ley del Indulto de 1870: “Los reos de toda clase de delitos pueden ser indultados con arreglo a las disposiciones de esta Ley….”. Dicho de otra forma y en relación ya con los condenados por el Tribunal Supremo, si los hubiere, la concesión del indulto nunca sería un derecho del reo. El que su otorgamiento sea reglado no se opone a ello. Ni la pasividad del Gobierno ni el rechazo discrecional vulneran la Ley.

El Gobierno es muy libre de rechazar un indulto o de concederlo con mayor o menor amplitud siempre que se cumplan los requisitos legales, entre los que no se encuentra la petición del penado, de sus parientes o de sus representantes, o del propio Tribunal sentenciador. Según el artículo 21, el Gobierno puede mandar abrir el oportuno expediente aun faltando aquellas iniciativas. Tampoco se exige el arrepentimiento del reo, a diferencia de lo que sucede con el propósito de la enmienda y el dolor de corazón en el sacramento de la penitencia. La imposición de las condiciones que la justicia, la equidad o la utilidad pública aconsejen, prevista en el artículo 16, no contradice lo dicho más arriba.

La justicia, la equidad, y la utilidad pública son, de otro lado, las tres motivaciones más importantes del indulto. Se encuentran recogidas expresamente en la ley y tienen particular relevancia en determinados supuestos (así, como requisito imprescindible para el indulto total) , pero lo que ahora se pretende es subrayar que, si bien los indultos por razones de justicia o equidad deberían ubicarse en el ámbito jurisdiccional, a semejanza del indulto judicial en algunos ordenamientos europeos, el indulto por utilidad pública se encuentra bien residenciado en el Poder Ejecutivo. A éste le corresponde pronunciarse acerca del cumplimiento de una pena que, por justa que sea, puede lesionar significativamente los intereses del país. Piénsese, por ejemplo, en la condena de alguna persona relevante para una potencia extranjera.

Se trata de un punto de intersección entre la justicia penal y la política estatal, aunque sean supuestos pocos frecuentes. Otra cosa son las responsabilidades políticas que se contraigan por el uso que se haga de esa competencia excepcional. No hay dos situaciones iguales, pero pueden recordarse los nombres del general Sanjurjo, beneficiado por un indulto, y del presidente catalán LLuis Companys, que proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española y se vio agraciado por una ley de amnistía.

Adviértase, por último, que el preceptivo informe del Tribunal sentenciador, en nuestro caso el Tribunal Supremo, no vincula al Gobierno. Y también que el indulto es posible tan pronto como haya sentencia firme condenatoria, sin necesidad de esperar a lo que resuelvan, si hubiera lugar a ello, nuestro Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.