Nuevo régimen de indemnización de presos preventivos

Hasta ahora, el núcleo del artº. 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial preveía únicamente la indemnización de “quienes, después de haber sufrido prisión preventiva sean absueltos por inexistencia del hecho imputado”. No bastaba la absolución por falta de pruebas o aplicación de la presunción de inocencia, sino que era precisa la constatación positiva de que los hechos en cuestión no habían acaecido. Obviamente, la inmensa mayoría de las absoluciones se producen por la primera causa. Los tribunales suelen absolver sin afirmar por ello que los hechos no existieran.

Pues bien, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 19 de junio, llevando al extremo el criterio ya adelantado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, equipara aquellos dos motivos de absolución. No habría razón alguna para ese trato desigual, por lo que anula el requisito de la inexistencia del hecho imputado, según dicho inciso del artículo 294, y creando en cierta forma una ley nueva dispone que el derecho a la indemnización se tiene siempre que el preso provisional resulte absuelto (o se haya dictado a su favor un auto de sobreseimiento libre).

Las consecuencias de esta resolución del Tribunal Constitucional desborda lo previsible en una primera lectura, tanto más por cuanto la mayoría de las presos preventivos de larga duración y luego absueltos proceden de los ámbitos de la corrupción y del narcotráfico, por lo que las indemnizaciones pueden alcanzar cifras muy elevadas. En España hemos fijado jurisprudencialmente un módulo de 120 euros por día, muy alejado delos 20 euros en Alemania y de los 20 a 50 en Austria, por ejemplo, pero en realidad las indemnizaciones deben individualizarse conforme a las circunstancias de sus destinatarios.

Con la nueva normativa se amplía también la problemática de quienes estuvieron presos por unos posibles delitos y luego son absueltos por los más graves, de modo que difícilmente el objeto de condena hubiera justificado en solitario aquella previa privación de libertad. Al lector no le será difícil encontrar supuestos actuales de gran relevancia que podrían terminar con reclamaciones multimillonarias frente a la Administración.