Visto para sentencia

Ha terminado el juicio ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el golpe de estado en Cataluña. Ahora vienen las deliberaciones sobre una sentencia que probablemente no se firmará hasta finales de septiembre o principios de octubre. El volumen de la causa, con numerosos testigos, peritos y prueba documental, así como los difíciles problemas jurídicos planteados justificarían con creces esa aparente demora. Tampoco hay que olvidar, de otro lado, la trascendencia pública y política de lo que el Tribunal Supremo resuelva.

Es posible que en otros artículos veraniegos me decida a entrar en algunas de las cuestiones más importantes del debate, pero ya desde ahora procede hacer algunas consideraciones. La primera es que, como adelanté en otra columna, nada realmente nuevo ha aportado el juicio oral respecto a los hechos acaecidos. Todo el proceso hacía la declaración unilateral de independencia se ha desarrollado a la luz del día, de meses e incluso de años.

Las declaraciones de los acusados y testigos no han conseguido borrar la evidencia: el enfrentamiento con el Tribunal Constitucional, la convocatoria y celebración de un referéndum ilegal, pese a su absoluta falta de garantías, y otras actuaciones que están en la mente de todos. La televisión nos trajo imágenes de pacíficas manifestaciones de muchos miles de ciudadanos a favor del “procés”, pero también los incidentes de violencia en algunos colegios electorales y la furia desatada por el registro judicial en una consejería catalana, con deterioros en vehículos de la Guardia Civil, acoso a los agentes de la autoridad y huida por una terraza de la funcionaria judicial que dirigía la diligencia.

El gran problema no radica en el relato de hechos probados sino en su tipificación penal, particularmente en cuanto al delito de rebelión. No hay duda de que la sentencia del Tribunal Supremo estará sólidamente fundada, eludiendo la errónea comparación entre los conceptos de rebelión y golpe de estado. Esta segunda conducta no es en sí misma constitutiva de delito en nuestro Código penal. Lo que sí encontramos en él, como sucede en la mayoría del derecho comparable europeo, con un nombre u otro, es la rebelión. El artículo 472 se dirige a “los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes:… 5º: Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”.

El punto neurálgico de la cuestión es el alcance del adverbio “violentamente”, entendido como “con violencia”. No vale argumentar al revés para llegar a la conclusión deseada. Antes al contrario, habrá que interpretar aquel elemento del tipo conforme a los criterios objetivos de la dogmática jurídico penal en relación con nuestro derecho positivo.

Entre la violencia causal (o estructural según la Abogacía del Estado) y la violencia coyuntural o episodio violento, pero irrelevante para el fin perseguido, hay una gran distancia. Como la hay entre violencia en las personas, amenaza de violencia (o intimidación) y fuerza en las cosas. O como puede darse entre la violencia real y dolosa, de un lado, y de otro la simple aceptación de la posibilidad de su concurrencia en algún episodio excepcional dentro de una global planificación pacífica.

Demasiados interrogantes para adelantar alegremente las conclusiones definitivas. Habrá que esperar a lo que digan en su día el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al resolver los más que previsibles recursos.