El derecho a morir

Por el mes de junio del año pasado, al hilo de la presentación en el Congreso de una proposición de Ley para despenalizar la eutanasia, dediqué una columna al “derecho a morir”, que es un concepto bastante más amplio por no circunscribirse a las personas con enfermedades terminales, incurables o acompañadas de grandes dolores. Hoy, con la noticia del suicidio de una adolescente holandesa de 17 años, Noa Pothoven, la polémica ha recobrado actualidad. Aunque los medios de comunicación no hayan dado muchos detalles, parece que esa muerte de quien no era todavía mayor de edad, pero padecía una profunda depresión desde que fue violada en su niñez, contó al menos con un discreto beneplácito de la autoridad competente para impedirla directa o indirectamente.

El caso será cuidadosamente examinado cuando la polémica sobre la eutanasia se reabra en el nuevo Congreso de los Diputados pero, al igual que en aquella ocasión, conviene insistir en que el problema de fondo es otro. Más allá de la eutanasia se encuentra el derecho a morir, generalmente silenciado. El librito “Libertad de amor y derecho a morir”, del profesor Jiménez De Asúa, suscitó mi interés por esta cuestión durante mis lejanos años de bachillerato. Claro que en aquel entonces, siendo yo alumno de un colegio de Jesuitas, dentro de una España totalitariamente católica, no había debate posible.

El suicidio era un pecado mortal y al suicida se le cerraban las puertas de los cementerios católicos, únicos existentes en la mayoría de nuestras ciudades y pueblos. Eso sí, a veces se contaba con un rincón del camposanto, más o menos separado del resto, para enterrar los restos mortales del réprobo irremediablemente condenado al fuego eterno. Sólo un obispo de Córdoba, el padre Abilio si no recuerdo mal, se apartó de aquellas prácticas alegando que el suicida era un enfermo mental y que, en todo caso, pudo arrepentirse antes de morir.

Pero dejemos ahora las muy respetables consideraciones religiosas y ocupémonos del hombre mismo y de su libertad innata. La vida, a la que se accede sin consulta previa, es en mi opinión un atributo personalísimo, sobre el que, a salvo condicionamientos especiales por los derechos del prójimo, solo puede disponer su titular. Morir por la patria en determinados supuestos siempre ha sido un honroso deber. Y la pena de muerte ha gozado y aún goza de gran predicamento en la legislación de medio mundo. Sin embargo, la suerte de esos tres mil suicidas anuales que tenemos en España poca relación guarda con sus obligaciones para con la comunidad. No se atisba, pues, motivo alguno para someter el ejercicio de aquel derecho al vistobueno de la Administración.

No se discute que la conclusión del anterior razonamiento produce una cierta sensación de vértigo, pero eso ocurre siempre en presencia de la muerte. Las cosas son como son, aunque no gusten. Más que negar el derecho personalísimo a la muerte, nos corresponde salir al paso de manipulaciones fraudulentas y aún criminales como ya sucede, en clave relativamente menor , con la eutanasia.